La importancia de educar en el respeto a la ley desde los primeros años
La indignación ciudadana frente a la corrupción, la violencia cotidiana y el desprecio por las normas básicas de convivencia refleja una crisis profunda en nuestra relación con la ley. Nos irritan conductas como el conductor que invade carriles, el funcionario que manipula contratos o el ciudadano que cree que las reglas son solo para los demás. Incluso las más altas esferas del poder buscan resquicios legales para evadir responsabilidades, mientras instituciones educativas fundamentales ignoran sentencias judiciales.
¿Cuándo aprendimos que la norma es negociable?
Surge entonces una pregunta crucial: ¿en qué momento de la vida se incubó la idea de que cumplir la ley representa una ingenuidad y no un imperativo democrático? La respuesta, aunque no exclusiva, apunta directamente a la primera infancia como etapa determinante.
Las investigaciones sobre desarrollo humano han demostrado con claridad que los primeros años de existencia son decisivos para la formación de hábitos, actitudes y marcos morales. No se trata solamente de adquirir vocabulario o habilidades matemáticas básicas; se trata fundamentalmente de aprender a convivir en sociedad.
Desde muy temprana edad, los niños descubren que no están solos en el mundo, que existen otras personas con deseos, límites y derechos propios. Allí comienza la experiencia fundamental de la norma. Como explicó Jean Piaget, el niño pequeño transita de una moral heterónoma -donde obedece por temor o por la autoridad del adulto- hacia una moral autónoma, donde comprende el sentido profundo de la regla y la asume como propia.
El papel crucial del acompañamiento adulto
Este tránsito no ocurre de manera automática ni espontánea; requiere acompañamiento constante, diálogo constructivo y coherencia ejemplar. Si el adulto impone normas sin explicar su razón de ser, o si incumple sistemáticamente lo que exige a los menores, el mensaje que transmite es devastador: la norma se convierte en capricho del poderoso, no en pacto colectivo.
Educar en el respeto a la ley no significa formar niños obedientes y sumisos de manera ciega. Significa formar ciudadanos capaces de comprender que la ley representa un pacto colectivo que protege la dignidad de todos los miembros de la sociedad. En una democracia auténtica, la norma no funciona como látigo represivo, sino como acuerdo fundamental de convivencia.
La construcción democrática desde la cotidianidad
Este acuerdo esencial se aprende y se internaliza en los espacios cotidianos: el hogar familiar, el jardín infantil, el parque del barrio. El respeto genuino por la ley nace cuando las personas comprenden que cumplirla no representa una concesión al poder establecido, sino un acto de lealtad con la comunidad a la que pertenecen.
Cuando un niño aprende pacientemente a esperar su turno en el columpio, está dando un pequeño pero significativo paso hacia la comprensión del Estado de derecho. Cuando entiende que no puede arrebatar el juguete a otro porque ese otro también tiene derechos reconocidos, está internalizando un principio fundamental que más tarde sostendrá instituciones sociales complejas.
La democracia no se improvisa mágicamente a los 18 años cuando alguien recibe su primera cédula de ciudadanía; se construye progresivamente desde que el individuo aprende a decir "por favor" y "gracias", a reconocer límites razonables y a aceptar consecuencias naturales de sus acciones.
La educación como derecho con función social
La Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho fundamental y como un servicio público con función social específica. Esto no constituye un mero enunciado retórico: implica directamente que educar significa formar en valores que sostienen y fortalecen el orden democrático.
La ley no puede ser vista como un obstáculo para la astucia individual o para la ambición ilimitada de poder, sino como la condición esencial de posibilidad de la libertad colectiva. Algunos podrían argumentar que en contextos marcados por la pobreza y la desigualdad estructural, hablar de respeto a la ley resulta ingenuo o idealista.
Podrían señalar que cuando el Estado incumple sistemáticamente sus obligaciones básicas, el ciudadano tampoco se siente moralmente obligado a cumplir las suyas. Esta objeción resulta comprensible en muchos aspectos. Pero precisamente por estas realidades complejas, la educación temprana adquiere una importancia aún mayor: porque ofrece a los niños un horizonte distinto al de la ley del más fuerte.
Un horizonte distinto a la ley del más fuerte
Les muestra de manera concreta que existen reglas que protegen a todos por igual y que pueden -y deben- transformarse mediante vías institucionales cuando demuestran ser injustas o desactualizadas. Educar desde la primera infancia en el respeto a la ley representa, en última instancia, una apuesta decidida por la dignidad humana esencial.
Es afirmar con convicción que la convivencia pacífica no es fruto del miedo o la coerción, sino del reconocimiento mutuo entre seres humanos. Es comprender profundamente que la democracia no se decreta por imposición: se cultiva con paciencia, día tras día, en la conciencia en formación de los más pequeños, con el ejemplo coherente de los adultos sin el cual todo discurso pedagógico se vuelve estéril e ineficaz.
La formación en valores democráticos debe comenzar en los primeros años de vida, donde los niños aprenden que las normas son pactos colectivos que protegen la dignidad de todos, no imposiciones arbitrarias del poder. Este proceso educativo temprano constituye la base fundamental para construir una sociedad donde el respeto a la ley emerja del convencimiento y no del temor.
