Fiscalía amenaza con reactivar captura de Calarcá Córdoba, líder del EMBF
Alexander Díaz, conocido como 'Calarcá Córdoba', quien ingresó a las FARC en los años 90 y actualmente comanda el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), enfrenta un ultimátum de la Fiscalía General de la Nación para reactivar sus órdenes de captura. En una entrevista reciente, Calarcá afirmó que es imposible firmar la paz en los dos años restantes del gobierno de Gustavo Petro, lo que subraya las crecientes tensiones en las negociaciones de paz total.
Reunión de emergencia y plan de verificación
Este jueves, la fiscal general Luz Adriana Camargo y el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, sostuvieron una reunión de emergencia para evaluar la situación de Calarcá. Como resultado, se estableció una metodología de seguimiento para verificar el cumplimiento de los requisitos que mantienen suspendidas las órdenes de captura bajo la Ley de Paz Total. "Se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022", indicó un comunicado oficial, añadiendo que se realizarán revisiones periódicas.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), argumenta que esta metodología debe medir el impacto de las acciones del grupo armado en la población civil, basándose en los Derechos Humanos y no solo en el Derecho Internacional Humanitario. "Si la Fiscalía y esta comisión se ciñen estrictamente a los ceses al fuego firmados, probablemente no va a encontrar gran cosa", afirmó Bonilla, destacando la necesidad de un enfoque más amplio.
Dilemas políticos y presión externa
Elizabeth Dickinson, directora adjunta del Crisis Group para América Latina y el Caribe, señala que la decisión sobre las órdenes de captura no puede reducirse a criterios técnicos. La pregunta central es si el gobierno considera que el EMBF tiene una voluntad genuina de paz, algo que no tiene un método científico para identificarse. Además, la presión externa, como una carta del senador estadounidense Bernie Moreno pidiendo la extradición de Calarcá, complica el escenario, aunque Bonilla destaca que la opinión pública ejerce un peso mayor.
"No es secreto para nadie que la paz total y la manera como se han manejado las mesas tienen muchas dificultades", señaló Bonilla, refiriéndose a incidentes recientes como el secuestro de dos menores en El Bagre, Antioquia, y combates en Guaviare que resultaron en la muerte de un soldado. Estos hechos, según Dickinson, reflejan una reacomodación de fuerzas por parte de los grupos armados, que buscan fortalecer su control ante posibles cambios políticos futuros.
Archivos incautados y límites de la negociación
La presión de la Fiscalía aumentó en diciembre tras la revelación de archivos encontrados en un computador atribuido a Calarcá, incautado en un retén en Anorí, Antioquia, en julio de 2024. Los documentos incluyen reportes de reclutamiento de menores, secuestros y delitos contra defensores de derechos humanos, así como presuntos nexos con el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Bonilla advierte que estos hallazgos muestran los límites de los términos de negociación, ya que posibles vínculos con el Estado no constituyen, en sentido estricto, una violación del cese al fuego.
"Si uno se ciñe estrictamente a los términos formales, la mesa tendría que continuar tal como va, pero no va a llegar a ninguna parte", explicó Bonilla, subrayando la necesidad de reorientar el enfoque hacia el desescalamiento de la violencia contra la población civil.
Problemas estructurales y erosión de la confianza
La mesa con el EMBF revela un problema estructural en la política de paz total: la dificultad de negociar con grupos armados ilegales que operan con mandos fragmentados y sin objetivos políticos claros, a diferencia de las antiguas FARC. Bonilla señala que las disidencias como la de Calarcá son grupos más jóvenes, sin una estructura jerárquica definida, lo que complica los diálogos. Además, la falta de verificación efectiva, como en el caso de un compromiso del EMBF para proteger a menores que no se cumplió, erosiona la confianza pública y entre las partes.
Dickinson concluye que, con los tiempos electorales y el vencimiento de la ley de paz total en noviembre de este año, los avances son insuficientes para garantizar la continuidad de la mesa. "La paz total fue una gran apuesta narrativa y retórica del gobierno, pero no tuvo ningún correlato en la vida real", afirmó Bonilla, destacando que la violencia continua sin consecuencias en la negociación convierte a las mesas en un ejercicio retórico que socava la legitimidad de los diálogos como solución al conflicto armado.
