Fiscalía y Comisión de Paz establecen metodología de seguimiento para suspensiones de captura en diálogos
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el comisionado de paz, Otty Patiño, han acordado una metodología de seguimiento para revisar si los voceros de grupos armados que participan en diálogos con el Gobierno siguen cumpliendo las condiciones necesarias para mantener suspendidas sus órdenes de captura. Este acuerdo marca un hito en la política de paz total, ya que la continuidad de las suspensiones no dependerá únicamente de la existencia formal de una mesa de diálogo, sino también de una verificación periódica sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Marco legal y contexto constitucional
La posibilidad de suspender órdenes de captura está contemplada en la Ley 2272 de 2022, que prorrogó y modificó la Ley 418. Esta norma permite aplicar esta medida a voceros de grupos armados una vez iniciados los diálogos con el Gobierno y por el tiempo que estos permanezcan vigentes. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que esa facultad no podía operar de manera automática ni indefinida, sino dentro de un marco excepcional, sujeto a límites y control.
En ese contexto, la metodología anunciada este 26 de marzo busca establecer un mecanismo de revisión sobre la permanencia de ese beneficio judicial. Según la información divulgada tras el encuentro, la evaluación será periódica, podrá activarse de acuerdo con los hechos que se presenten y contará con participación de las entidades competentes. Reportes posteriores también señalaron que el análisis tomará en cuenta las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos en los que puedan estar involucrados los beneficiarios.
Primer caso: alias Calarcá bajo escrutinio
El primer caso sometido a esa revisión será el de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, a quien la Fiscalía identifica como miembro representante del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en la mesa de diálogo con el Gobierno. Su situación ya venía siendo objeto de atención pública. En declaraciones a Blu Radio, Camargo señaló que, si el Gobierno no reactiva la orden de captura, la Fiscalía podría hacerlo de manera autónoma.
Según explicó, existen indicios sobre posibles hechos delictivos recientes, entre ellos información hallada en dispositivos incautados que lo vincularía con agresiones contra defensores de derechos humanos y con el homicidio de un líder social. Esto subraya la importancia de este nuevo esquema de seguimiento, que busca asegurar que los beneficios judiciales no sean abusados.
Antecedentes del diálogo y cambios recientes
La mesa con ese grupo tiene origen en el proceso iniciado con el entonces Estado Mayor Central de las FARC-EP. Su instalación formal fue autorizada mediante la Resolución 309 del 13 de octubre de 2023, y la fase pública del diálogo comenzó el 16 de octubre de 2023 en Tibú, Norte de Santander. En ese momento, la negociación incluía una estructura más amplia, todavía articulada alrededor de Iván Mordisco.
Esa configuración cambió en 2024. Tras una reunión de emergencia del 5 de abril, el Gobierno decidió continuar el diálogo únicamente con los bloques Jorge Suárez Briceño, Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y el Frente Raúl Reyes. Días después se formalizó la salida de Mordisco de la mesa. Desde entonces, el proceso siguió con las estructuras que permanecieron en negociación bajo la denominación de Estado Mayor de los Bloques y Frentes.
Implicaciones para la política de paz
Con este nuevo esquema, el caso de Calarcá se convierte en la primera prueba de una metodología que busca articular diálogo, seguimiento institucional y control judicial dentro de los procesos de paz abiertos por el Estado. Este enfoque pretende balancear la necesidad de avanzar en negociaciones con la obligación de garantizar justicia y seguridad, respondiendo a las críticas sobre la falta de supervisión en procesos anteriores.
La implementación de esta metodología podría sentar un precedente para futuros diálogos, asegurando que los beneficios otorgados a grupos armados estén condicionados a un comportamiento conforme a la ley. Esto refleja un esfuerzo por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la política de paz total del Gobierno Nacional.
