El proceso de paz entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) continúa en marcha a pesar de los múltiples obstáculos enfrentados en las últimas semanas. Este fin de semana, las delegaciones concluyeron el séptimo ciclo de diálogos y anunciaron la realización del octavo durante la primera semana de junio.
Comunicado conjunto
A través de un comunicado conjunto, los equipos liderados por el exmagistrado Armando Novoa y José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, informaron que acordaron la reanudación formal de las conversaciones. "Las delegaciones informan que, tras un proceso de diálogo constructivo y respetuoso, han acordado la reanudación formal de las conversaciones, reafirmando el compromiso de avanzar de manera decidida hacia la construcción de paz", señala el texto.
Trabajo en subcomisiones
Durante tres días, la mesa realizó labores en las subcomisiones, donde se definieron acciones concretas sobre los avances de las Zonas de Ubicación Temporal y Capacitación Integral, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la subcomisión jurídica y las transformaciones territoriales.
Cabe recordar que el proceso se había declarado en estado altamente crítico debido al asesinato de tres soldados del Ejército y afectaciones a menores de edad por minas antipersonal. También hubo controversias relacionadas con la responsabilidad sobre la financiación de la erradicación de coca en Nariño.
Lamento por hechos de violencia
En ese sentido, la mesa lamentó los desafortunados hechos de violencia en los que murieron los uniformados en Ipiales, Nariño. Frente a este hecho, la CNEB ratificó su responsabilidad, en concordancia con el comunicado a la opinión pública divulgado el pasado 22 de abril. "La CNEB ratifica su compromiso de no planear ni conducir acciones ofensivas en contra de la fuerza pública, incluido el uso de drones, así como su compromiso con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario y el respeto a los derechos humanos", añade el escrito.
Implementación de compromisos
Asimismo, las delegaciones acelerarán la implementación de los compromisos adquiridos, contribuyendo con acciones tempranas como la georreferenciación de zonas con sospecha de presencia de artefactos explosivos y con potencialidad para el desminado humanitario.
En el marco de este proceso de paz, se fijó una meta de erradicación y sustitución de 30.000 hectáreas de coca en Nariño (15.000) y Putumayo (15.000), cuya verificación estará a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).
