Comunidades indígenas del Tayrona exigen diálogo y coadministración del parque nacional
Indígenas koguis exigen diálogo y coadministración del Tayrona

Comunidades indígenas del Tayrona rompen el silencio y exigen diálogo

Durante los últimos dos días, el acceso al Parque Nacional Natural Tayrona permanece bajo control de comunidades indígenas koguis y habitantes locales, luego del cierre oficial ordenado por Parques Nacionales Naturales de Colombia debido a presuntas amenazas a la seguridad. Sin embargo, en el terreno la realidad presenta un escenario diferente: visitantes caminando con normalidad, guías comunitarios orientando los recorridos y líderes indígenas enfatizando que su protesta es completamente pacífica.

Protesta pacífica con control comunitario

En conversaciones con turistas, comerciantes y autoridades koguis, varios visitantes manifestaron sentirse tranquilos y respaldaron el reclamo indígena. "Nos sentimos seguros, hay organización y acompañamiento constante. Uno comprende que ellos también están defendiendo su territorio ancestral", comentó una viajera procedente del interior del país.

Juan Carlos Gil, autoridad indígena kogui, afirmó con determinación que la comunidad no abandonará el sitio hasta lograr acuerdos concretos. "Estamos ejerciendo nuestros derechos ancestrales. Nunca hemos recibido beneficios directos del parque y ahora exigimos ser coadministradores. Lo que buscamos es diálogo genuino, respeto mutuo y participación real en las decisiones", declaró el líder indígena.

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Origen del conflicto y medidas comunitarias

Según explicó Gil, el origen del conflicto actual fue la demolición de una construcción comunitaria que, aseguran, estaba destinada a organizar a los artesanos y vendedores indígenas del área. "Era una obra fundamental para nuestra gente. No hubo explicación adecuada ni conversación previa antes de proceder con la demolición", señaló con evidente frustración.

Durante estos días de control comunitario, las comunidades establecieron un cobro de 30.000 pesos para visitantes nacionales y 50.000 pesos para turistas extranjeros, únicamente en efectivo. Las autoridades indígenas aclaran que no se trata de una tarifa oficial del parque, sino de un aporte voluntario destinado específicamente a:

  • Alimentación de los manifestantes
  • Adquisición de colchonetas
  • Sostenimiento de quienes permanecen concentrados en el lugar

Impacto económico en el turismo local

La reapertura comunitaria no ha logrado evitar la drástica caída en el número de visitantes al parque. De acuerdo con estimaciones de líderes locales, el flujo turístico se redujo en más del 60% respecto a los niveles normales. Si antes ingresaban aproximadamente dos mil personas diarias, ahora apenas llegan unas 400 por la entrada principal.

Esta situación ha generado profunda preocupación entre comerciantes, transportadores y operadores turísticos de la zona, quienes ven amenazados sus ingresos tras haberse preparado exhaustivamente para la temporada alta, luego de uno de los cierres periódicos programados del parque.

"Las pérdidas económicas son prácticamente incalculables. La gente invirtió sus ahorros, compró insumos, incluso se endeudó, y ahora todo queda en el aire", explicó con preocupación Paulo Roberto Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de El Zaino. "Además, los mensajes negativos que circulan en redes sociales generan miedo injustificado y afectan a todo el corredor turístico de la Troncal del Caribe".

Rechazo categórico a vínculos con grupos armados

Uno de los puntos más sensibles del conflicto son las versiones que circulan sobre un supuesto respaldo de grupos ilegales a la toma del parque. Los líderes indígenas niegan estas acusaciones de manera tajante y contundente.

"No hay presencia de grupos armados en nuestra protesta. Esas versiones falsas nos ponen en grave riesgo. Somos hombres de paz y en nuestra historia ancestral nunca hemos estado ligados a la violencia", afirmó Juan Carlos Gil. "Queremos desmentir categóricamente esas noticias falsas tanto a nivel nacional como internacional".

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En la misma línea, las autoridades koguis insisten en que nunca hubo amenazas contra funcionarios del parque. "Cuando llegamos al lugar, les pedimos amablemente que regresaran a sus casas a descansar. Todo ocurrió de manera completamente pacífica y respetuosa", aseguraron los representantes indígenas.

Reclamos por abandono institucional

Otro de los reclamos fundamentales de las comunidades apunta al evidente estado de deterioro de la infraestructura interna del parque. Caminos, puentes y senderos presentan daños significativos que, según las comunidades, no se deben exclusivamente a las lluvias estacionales.

"Esta infraestructura está abandonada desde hace meses. Hay vías completamente dañadas y áreas inundadas permanentemente. Falta mantenimiento adecuado y presencia institucional real", manifestó Juan Carlos Gil con visible preocupación.

También cuestionan severamente que los planes de manejo del parque no incluyan a las comunidades indígenas como actores centrales en la toma de decisiones. "Nunca nos han tenido en cuenta en la planificación. Solo reconocen formalmente a prestadores de servicios externos, pero ignoran completamente a quienes vivimos aquí ancestralmente", afirmó Paulo Roberto Sánchez.

Exigencias concretas de participación

Desde las comunidades reiteran que su principal exigencia es la coadministración efectiva del Tayrona, con participación real en las decisiones ambientales, sociales y económicas que afectan su territorio.

"Queremos estar en la mesa de decisiones de manera permanente. Todo lo que se planifique o ejecute aquí debe consultarse obligatoriamente con nuestras autoridades tradicionales, incluida la gestión financiera. Nunca hemos recibido un solo peso de los ingresos del parque", aseguró con firmeza Juan Carlos Gil.

En el lugar, quien orienta actualmente a los visitantes es la autoridad kogui del Magdalena, Atanacio Moscote Gil, acompañado por líderes comunitarios y voluntarios que guían a los turistas y verifican requisitos básicos como portar seguro médico vigente.

Llamado urgente al Gobierno Nacional

Las comunidades hicieron un llamado directo y urgente al Gobierno Nacional para que intervenga como mediador imparcial en el conflicto. "Lo que falta fundamentalmente es empoderamiento real y participación efectiva. Antes de que termine este gobierno, esperamos ser reconocidos formalmente como actores principales del territorio", señalaron los representantes indígenas.

Desde la entrada principal del parque, los líderes indígenas insisten en transmitir un mensaje claro y conciliador: "Este es un territorio de paz ancestral, completamente seguro y abierto al diálogo constructivo. Solo pedimos respeto mutuo y que finalmente se nos escuche de manera genuina".

La realidad actual del Tayrona presenta una situación profundamente incierta: aunque el cierre oficial sigue vigente en los documentos institucionales, en la práctica son las comunidades indígenas las que permiten el ingreso controlado, en medio de una disminución drástica de visitantes, un ambiente de tensión contenida y conversaciones formales que todavía no logran iniciarse de manera sustantiva.