JEP profundiza investigación sobre alianzas entre Fuerza Pública y grupos paramilitares en el Magdalena Medio
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha concluido una etapa crucial en la investigación del Subcaso Magdalena Medio, correspondiente al Caso 08, que examina presuntos crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública en connivencia con grupos paramilitares durante el periodo conocido como la "toma paramilitar" de la región, principalmente entre 1998 y 2000.
Audiencia pública en Barrancabermeja recoge testimonios de víctimas
Tras tres días de audiencia pública celebrada en Barrancabermeja, cuya última jornada tuvo lugar el 21 de marzo, la JEP cerró formalmente la fase de observaciones presentadas por las víctimas. En este proceso han sido acreditadas 601 víctimas individuales y 15 colectivas, de las cuales 72 participaron directamente en las sesiones, presentando sus observaciones frente a las versiones ofrecidas por 35 comparecientes pertenecientes a la fuerza pública.
Los relatos de las víctimas, muchos de ellos residentes de Barrancabermeja que han reconstruido los hechos durante décadas, se centraron en:
- Masacres ocurridas entre 1998 y 2000
- Desapariciones forzadas y asesinatos selectivos
- Formas de violencia que marcaron profundamente a comunidades y organizaciones sociales de la región
"Quisieron justificar los crímenes mancillando el nombre de las víctimas, intentando presentarlas como delincuentes, subversivos y objeto de otras calumnias. Ellos eran hijos e hijas de Barrancabermeja, por eso estamos aquí haciendo memoria, exigiendo verdad y justicia", declaró Rocío Campos Pérez, hermana de Daniel Campos Pérez, una de las 25 personas desaparecidas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998, presuntamente por integrantes de grupos paramilitares.
Denuncias sobre motivaciones económicas y ataques sindicales
En múltiples intervenciones, las víctimas señalaron que detrás de los crímenes habrían existido intereses económicos vinculados al control de recursos estratégicos, particularmente hidrocarburos y minería, así como procesos de apropiación de tierras y disputas territoriales.
"Para nosotros, una de las intenciones de la violencia paramilitar fue el apoderamiento, por parte de ciertas clases sociales y políticas, de los recursos de hidrocarburos, es decir, una concentración de la riqueza petrolera. Pedimos a la JEP que se haga énfasis en las motivaciones económicas", afirmó José Vicente Ordóñez durante la audiencia.
También se documentaron ataques específicos contra organizaciones sociales y sindicales. Carlos Guillermo Gayón Valle, comisionado nacional de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera (USO), explicó que la violencia habría buscado debilitar al sindicato en medio de transformaciones en la industria petrolera.
"El ataque contra los integrantes de la Unión Sindical Obrera tenía como objetivo avanzar en la privatización de la empresa e imponer la tercerización, para lo cual el sindicato se convirtió en un obstáculo", señaló Gayón Valle.
Impacto humano y transformación del territorio
Los testimonios recogidos por la JEP dieron cuenta del profundo impacto humano de la violencia, con relatos conmovedores sobre asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y sus efectos devastadores en familias y comunidades enteras.
En zonas rurales y a lo largo del río Magdalena, las víctimas recordaron cómo el conflicto transformó radicalmente la vida cotidiana y las actividades tradicionales. Un líder comunitario expresó con crudeza: "A los pescadores les rompía el corazón: en lugar de sacar pescado, sacaban muertos. El río fue el cementerio de este conflicto armado".
Las magistradas Catalina Díaz y Gloria Amparo Rodríguez, quienes presidieron la audiencia, destacaron que la dimensión de la violencia ocasionada en la región dejó impactos profundos y duraderos. "Estos crímenes arrebataron infancias y aislaron a las personas por el miedo", afirmaron durante las sesiones, reiterando el compromiso de la JEP con el esclarecimiento de los hechos y la imputación de los máximos responsables.
Próxima fase: análisis integral y decisiones judiciales
Con el cierre de esta etapa del proceso, la JEP inicia ahora una fase crítica en la que deberá contrastar meticulosamente toda la información recopilada, incluyendo:
- Testimonios detallados de las víctimas
- Versiones voluntarias de los comparecientes
- Informes especializados de organizaciones de derechos humanos
- Sentencias judiciales previas
- Documentos oficiales obtenidos en el marco de la investigación
El objetivo central de este análisis exhaustivo es identificar los hechos más representativos del caso, establecer patrones sistemáticos de violencia y determinar con precisión las responsabilidades individuales de todos los implicados.
Como resultado de este proceso investigativo, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad emitirá el Auto de Determinación de Hechos y Conductas, una decisión fundamental que definirá el rumbo judicial del caso y las posibles imputaciones dentro del sistema de justicia transicional colombiano.
Estas determinaciones permitirán establecer si lo ocurrido en el Magdalena Medio fue consecuencia de hechos aislados o, como históricamente lo han sostenido las víctimas, el resultado de una relación sostenida y estructurada entre grupos paramilitares y agentes del Estado, marcando así un hito en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las comunidades afectadas.
