El Acuerdo de Paz firmado en 2016 llegará a sus 10 años en medio de una transición presidencial y con una implementación todavía incompleta. A pocos meses de la salida del presidente Gustavo Petro del poder y de la llegada de un nuevo mandatario, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame presentó el miércoles su informe anual, donde advierte sobre los riesgos políticos e institucionales que enfrenta el pacto.
Aunque el documento mantiene su foco en medir los avances y rezagos de la implementación, esta vez incorpora un énfasis especial en los retos que enfrentará el Acuerdo de Paz durante la transición política y gubernamental de este año. “El décimo año de implementación coincide con un momento de transición política que puede redefinir el rumbo del Acuerdo Final”, señala el informe.
Balance de la implementación
Aparte del balance sobre el estado de los seis puntos del Acuerdo, en el que el Instituto Kroc advierte que el 43 % de las disposiciones permanecen “en estados mínimos o no iniciados”, el informe incluye un capítulo de “acciones estratégicas” dividido en tres momentos específicos: el cierre del actual Gobierno, los primeros 100 días de la próxima administración y la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
El eje transversal de esas acciones es la continuidad institucional. Kroc insiste en la necesidad de evitar rupturas durante el cambio de gobierno y propone medidas para garantizar la sostenibilidad política, técnica y presupuestal de la implementación y de las entidades que hacen posible esa ejecución. No es menor la petición, pues en esta campaña varios candidatos han afirmado que, por ejemplo, se desmonte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o que se acabe.
Blindaje financiero y empalme
Una de las principales alertas del informe tiene que ver con la necesidad de blindar financieramente las instancias encargadas de hacer seguimiento al Acuerdo. Específicamente, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda les pide: “Continuar fortaleciendo las fuentes de financiamiento del Acuerdo de Paz, como el Presupuesto General de la Nación, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) y el mecanismo de obras por impuestos, asegurando que estos recursos puedan ser monitoreados a través de los trazadores presupuestales de paz”.
El documento también plantea que la actual administración debería convertir el empalme de paz en una prioridad política y técnica. Para eso le propone a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, que hoy lidera Gloria Cuartas, que coordine un informe sectorial completo sobre el estado de la implementación, incluyendo indicadores, procesos normativos pendientes y avances presupuestales. La preocupación del Instituto es que buena parte de la implementación depende de capacidades técnicas e institucionales que podrían perderse durante el cambio de gobierno.
Recomendaciones para el próximo gobierno
Entre las primeras tareas menciona el nombramiento inmediato de la persona que liderará la Consejería de Paz y “encargarle la elaboración de un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno orientado a activar las instancias institucionales de implementación del Acuerdo Final”. Este plan, dice el Instituto Kroc, debería incluir la designación de las personas representantes del Gobierno en las instancias implementadoras, construir acuerdos con el Congreso para sacar adelante proyectos que contribuyan a la ejecución del pacto de 2016 y presentar ante la Corte Constitucional una propuesta clara sobre el diseño institucional encargado de coordinar la implementación.
El documento también hace énfasis en la necesidad de fortalecer el acompañamiento internacional. Entre otras medidas, propone que la Cancillería diseñe, junto con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, una estrategia diplomática para recuperar el respaldo unánime del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la misión en Colombia. La recomendación no es menor si se tiene en cuenta que, aunque sigue el apoyo del Consejo de Seguridad sobre el Acuerdo de Paz, el año pasado por una petición de Estados Unidos se redujeron las tareas de la Misión de Verificación, entre ellas el monitoreo a las sanciones propias de la JEP.
Estado actual de la implementación
Todo esto ocurre en medio de un balance todavía desigual. Según el informe, solo el 36 % de las 578 disposiciones del Acuerdo están completamente implementadas, mientras que el 43 % permanece en estado mínimo o ni siquiera ha comenzado. Los mayores rezagos siguen concentrados en la reforma rural. Aunque el Gobierno alcanzó cifras históricas en adjudicación de tierras, el avance frente a la meta total de tres millones de hectáreas apenas llega al 2,4 %.
Este tema ha estado en el centro del debate esta semana tras los retrasos que ha tenido la discusión de la ley ordinaria de la jurisdicción agraria que reglamentará el funcionamiento de ese tribunal creado para dirimir los conflictos relacionados con el uso y la tenencia de la tierra, el origen de la guerra en Colombia. El informe también documenta que apenas el 13 % de las disposiciones con enfoque de género y el 14 % de las étnicas han sido implementadas completamente. En paralelo, el reporte realzó las primeras sanciones propias contra antiguos miembros de las FARC y militares dadas el año pasado. Sin embargo, advierte que su ejecución enfrenta retos de financiación, seguridad y articulación institucional.
