Informe de la ONU advierte sobre riesgos de violencia en proceso electoral colombiano
A menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha emitido una alerta contundente sobre los hechos de violencia registrados durante la campaña electoral. El organismo internacional reiteró con urgencia la necesidad de garantizar condiciones seguras para candidatos, votantes y todo el proceso democrático que se desarrolla en el país.
Preocupación por incidentes en zonas vulnerables
El informe, que cubre el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026, destaca que aunque las elecciones legislativas y consultas interpartidistas se desarrollaron mayoritariamente en paz, persisten graves preocupaciones. "Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto", señala el documento elaborado bajo la dirección del diplomático eslovaco Miroslav Jenča.
Los riesgos identificados son particularmente elevados en las regiones vulnerables que cuentan con representación adicional en el Congreso en virtud del Acuerdo Final de Paz. La Misión insta a todas las partes a contribuir activamente en la creación de un entorno electoral libre de violencia y cualquier forma de estigmatización política.
Incidentes documentados contra candidatos
El reporte detalla varios sucesos preocupantes ocurridos en la antesala de los comicios:
- Un ataque mortal contra el esquema de seguridad de un senador en el departamento de Arauca
- La desaparición forzada de un candidato al Senado en Cesar
- La retención durante varias horas de una senadora indígena por un grupo armado en Cauca
- Un hecho similar contra una candidata indígena a las circunscripciones especiales de paz en el mismo departamento
Estos incidentes contrastan con el desarrollo relativamente tranquilo de las elecciones del 8 de marzo, donde solo 2 de los 13.746 puestos de votación requirieron traslado preventivo por motivos de seguridad.
La situación de Comunes y participación política
El informe aborda también la situación del partido Comunes, colectividad surgida de las extintas FARC, que perdió su personería jurídica al no alcanzar el umbral mínimo de votos. "Permitir que los excombatientes participen en la vida política es un elemento clave del Acuerdo Final de Paz y sigue siendo fundamental para su reincorporación en la sociedad", advierte el documento.
Los dirigentes de Comunes reconocieron los resultados electorales y señalaron las difíciles condiciones —incluyendo amenazas en varios territorios— que obstaculizaron su campaña. A pesar de estos contratiempos, reiteraron su compromiso con el Acuerdo de Paz y su implementación integral.
Avances y desafíos en implementación del Acuerdo
En materia de seguridad, el período analizado se caracterizó por persistentes problemas para excombatientes, comunidades y líderes políticos y sociales. La Misión verificó el asesinato de cuatro excombatientes —uno de ellos afrocolombiano— en Putumayo, Caquetá, Huila y Cauca, así como nueve intentos de homicidio.
Estas cifras elevan a 491 el número de personas asesinadas desde la firma del Acuerdo Final de Paz y a 179 el total de víctimas de intento de homicidio. Además, 57 personas han sido reportadas como desaparecidas en este contexto.
Desplazamiento forzado y situación humanitaria
Entre el 27 de diciembre y el 20 de marzo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios reportó el desplazamiento forzado masivo de 8.404 personas y el confinamiento de otras 23.039 en 26 municipios de 8 departamentos. El 11% de estas víctimas pertenecen a comunidades afrocolombianas, evidenciando el impacto desproporcionado en poblaciones étnicas.
Las principales causas de estos sucesos se atribuyen a la presencia de grupos armados ilegales y a los enfrentamientos entre estas organizaciones criminales que operan en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Progreso en reincorporación y reforma rural
En el período analizado se adjudicaron 212,5 hectáreas adicionales de tierra con fines productivos a cooperativas en Valle del Cauca y Tolima, elevando a 18.859 hectáreas el total acumulado de tierras entregadas para reincorporación desde la firma del Acuerdo.
El Consejo Nacional de Reincorporación, principal mecanismo de coordinación entre Gobierno y excombatientes, definió sus prioridades para 2026 con énfasis en mejorar el acceso a tierra y vivienda, aumentar la sostenibilidad de proyectos productivos y reforzar la seguridad de los excombatientes.
Sobre la reforma rural integral, la Misión hizo un llamado urgente al Congreso para avanzar en el trámite de la Jurisdicción Agraria y Rural, cuya implementación se ha retrasado por falta de una ley que regule su funcionamiento.
Distribución de tierras y seguridad jurídica
Según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta mediados de marzo se habían entregado 323.579 hectáreas del total de 3 millones de hectáreas fijado como objetivo en el Acuerdo Final de Paz. Se expedieron títulos definitivos de propiedad para 86.000 de esas hectáreas, pero el informe advierte que "será necesario redoblar los esfuerzos para proporcionar seguridad jurídica a todos los beneficiarios de la adjudicación de tierras".
El informe completo será presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU el 21 de abril de 2026, donde se espera un debate sobre las medidas necesarias para garantizar la protección del proceso electoral colombiano y el avance en la implementación del Acuerdo de Paz.
