ONU advierte sobre riesgos de seguridad para elecciones presidenciales en Colombia
La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia ha emitido una nueva alerta sobre los persistentes riesgos de seguridad que enfrenta el país, haciendo un llamado urgente para reforzar las garantías durante el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales. Este contexto está marcado por la presencia activa de grupos armados en múltiples regiones del territorio nacional.
Informe del Secretario General ante el Consejo de Seguridad
El llamado se formalizó en el más reciente informe del Secretario General de la ONU, que abarca el período comprendido entre el 27 de diciembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026. Este documento será presentado oficialmente el próximo 21 de abril ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York.
Aunque el informe reconoce que las elecciones legislativas de marzo se desarrollaron mayoritariamente de forma pacífica, advierte con preocupación que la violencia y la presión ejercida por actores armados continúan siendo factores de riesgo significativos, especialmente en zonas rurales y territorios históricamente afectados por el conflicto.
Preocupaciones específicas en zonas de paz
Según la Misión de la ONU, estos riesgos alcanzan niveles particularmente elevados en territorios con circunscripciones especiales de paz, diseñadas específicamente para ampliar la representación política de comunidades que han sufrido directamente las consecuencias del conflicto armado. En estas regiones, la combinación de una débil presencia institucional del Estado y las continuas disputas entre grupos armados sigue limitando severamente las condiciones para una participación política libre y segura.
"La Misión de Observación Electoral también destacó el elevado nivel de riesgo en los municipios priorizados en las circunscripciones transitorias especiales de paz. La presencia de grupos armados en muchas de esas zonas se consideró, en general, un obstáculo significativo para la actividad política", detalla el informe con precisión.
Llamado explícito para las elecciones presidenciales
De cara a las elecciones presidenciales programadas para los próximos meses, el Secretario General realiza un llamado explícito y directo a las autoridades colombianas y a todos los actores políticos involucrados. "A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad integral de los candidatos y los votantes", enfatiza el documento.
En esta misma línea, el informe advierte que "es imperativo que las autoridades adopten todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo ordenado del proceso electoral" y solicita específicamente que se promueva activamente "un entorno de campaña completamente libre de violencia y estigmatización".
Iniciativas institucionales y desafíos persistentes
El informe también reconoce y valora diversas iniciativas institucionales implementadas para reducir estos riesgos, destacando particularmente el compromiso impulsado por la Defensoría del Pueblo para promover un proceso electoral en paz. Este esfuerzo ha recibido respaldo significativo, incluyendo adhesiones de:
- 20 partidos y movimientos políticos diferentes
- 8 de los 14 candidatos presidenciales
- Instituciones estatales de alto nivel
- Medios de comunicación reconocidos
- Asociaciones del sector privado
- Misiones diplomáticas acreditadas en el país
Hasta la fecha, esta iniciativa ha acumulado más de 130 adhesiones formales. La Defensoría del Pueblo ha señalado que, aunque los signatarios han cumplido ampliamente con las disposiciones fundamentales relativas a la protección de la vida y el respeto de las instituciones democráticas, persisten desafíos considerables como el uso de lenguaje estigmatizante y la propagación sistemática de desinformación.
Consecuencias para el partido Comunes
El informe también aborda en detalle lo ocurrido durante las elecciones del pasado 8 de marzo, donde el partido Comunes -que surgió tras la firma del Acuerdo de Paz- perdió su personería jurídica al no alcanzar el umbral mínimo de votos requerido. Estos fueron los primeros comicios en los que Comunes participaba sin las 10 curules que el Acuerdo de Paz le garantizaba inicialmente en el Congreso de la República.
"Los dirigentes de Comunes reconocieron los resultados y la pérdida de su representación en el Congreso, señalando las difíciles condiciones -entre ellas, las amenazas recibidas en varios territorios- que obstaculizaron significativamente su campaña política. A pesar de estos contratiempos, los dirigentes de Comunes reiteraron su firme compromiso con el Acuerdo y con su plena implementación", se indica textualmente en el documento.
Sin embargo, la Misión de la ONU subraya con firmeza que "permitir que los excombatientes participen activamente en la vida política constituye un elemento clave del Acuerdo Final de Paz y sigue siendo fundamental para su reincorporación efectiva en la sociedad".
Impacto de la inseguridad más allá del ámbito electoral
Más allá del escenario estrictamente electoral, la ONU advierte que los problemas de seguridad continúan impactando negativamente la implementación del Acuerdo de Paz en múltiples territorios. En regiones críticas como el Catatumbo, las tensiones persistentes entre diferentes grupos armados han obligado a implementar medidas de protección especial para excombatientes.
Durante el período analizado en el informe, 12 exintegrantes de las FARC-EP y 16 de sus familiares directos fueron trasladados desde Tibú hacia la zona rural de Cúcuta como medida de protección. No obstante, la Misión advierte que "sigue habiendo preocupación legítima por la seguridad y la continuidad de los servicios básicos para los 12 excombatientes que permanecen en Tibú junto con sus familias".
Desafíos en el acceso a la tierra y reforma rural
Las dificultades de seguridad también afectan procesos fundamentales como el acceso a la tierra. El informe señala específicamente que "los riesgos para la seguridad de los beneficiarios de la adjudicación de tierras siguen siendo motivo de gran preocupación". En este apartado, el documento registra el asesinato ocurrido en febrero de un líder campesino en el departamento del Magdalena, quien formaba parte de un grupo de familias que había recibido recientemente un predio de 1.900 hectáreas.
"Este asesinato tuvo lugar tras otro homicidio ocurrido dos meses antes en relación con el mismo predio. Según se informa, la mayoría de los demás beneficiarios han abandonado la zona por temor. Aunque las investigaciones seguían en curso, este caso puso de relieve las implicaciones en materia de seguridad de la adjudicación de tierras y la necesidad imperiosa de reforzar la coordinación del Estado para prevenir y mitigar los riesgos conexos para los beneficiarios", explica detalladamente el informe.
Adicionalmente, el documento agrega que este caso es particularmente relevante porque ilustra las dificultades en predios que son "objeto de litigio" y que estaban bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, entidad responsable de gestionar los activos confiscados a actores criminales.
Sobre el tema general de tierras, el informe menciona que persiste un rezago significativo en la implementación de la reforma rural integral, "especialmente en lo que respecta a la entrega efectiva y la formalización adecuada de tierras". Por esta razón, aunque celebra la sanción de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, advierte que "su puesta en marcha concreta se ha retrasado considerablemente debido a la falta de una ley complementaria que regule su funcionamiento operativo".
Finalmente, el informe dirige un mensaje claro al Congreso de la República, señalando que "tiene un papel importante y decisivo que desempeñar en la tramitación urgente de este importante proyecto de ley".
