La paz en Colombia: una fachada para el crimen continuo
La palabra paz en Colombia ha estado históricamente cargada de trampas y engaños. Detrás de cada mesa de negociación, de cada acuerdo firmado con solemnidad, lo que realmente ha existido es una excusa perfectamente orquestada para perpetuar el narcotráfico, los asesinatos selectivos y los secuestros, mientras la nación entierra a sus víctimas y los gobiernos dialogan con sus victimarios.
El fracaso del desarme y la reorganización violenta
Las FARC firmaron un acuerdo histórico que prometía el fin del conflicto, pero lo que surgió posteriormente fueron cuatro grupos terroristas con idéntica vocación de violencia: el Estado Mayor Central bajo el mando de 'Iván Mordisco', la Segunda Marquetalia liderada por 'Iván Márquez', y los frentes disidentes del sur y del Pacífico que nunca se desmovilizaron. Todos estos grupos continúan asesinando colombianos. La paz no logró desarmarlos; simplemente los reorganizó bajo nuevas estructuras criminales.
El caso emblemático de 'Calarcá': negociación y crimen simultáneo
El escándalo actual gira en torno a 'Calarcá', quien negociaba con una mano mientras con la otra ordenaba homicidios, esperando los reportes de confirmación como quien espera un correo electrónico rutinario. Esto no representa un simple tropiezo en el camino hacia la paz; es la paz utilizada como coartada criminal, un patrón que se repite cíclicamente en la historia colombiana.
La paz no es un cheque en blanco. Constituye un contrato con condiciones claras, siendo la primera y más fundamental que quien negocia haya suspendido toda actividad criminal. 'Calarcá' no suspendió absolutamente nada. Continuó asesinando con la tranquilidad de quien sabe que enfrentará cero consecuencias por sus acciones.
Fallas institucionales y encubrimiento estatal
La Fiscalía General de la Nación tiene una deuda pendiente con el país. Cuando 'Calarcá' fue capturado a mediados de 2024, existían razones más que suficientes para mantenerlo detenido, procesarlo judicialmente o extraditarlo a Estados Unidos. Ninguna de estas acciones se materializó. Se le otorgó libertad, y él, con la puntualidad de quien nunca tuvo intención genuina de cambiar, siguió ejecutando asesinatos, ordenando secuestros y violando sistemáticamente los derechos humanos de los colombianos. Esta decisión institucional le costó al país más sangre inocente, y esa sangre también tiene responsables identificables.
Lo más perturbador del caso no es la conducta del jefe disidente, quien actúa bajo la lógica de quien nunca creyó en el proceso de paz más allá de sus beneficios personales. Lo verdaderamente alarmante es la conducta del Estado frente a la evidencia contundente. Cuando Noticias Caracol publicó los hallazgos investigativos, el general Huertas y el director de Inteligencia de la DNI no solicitaron una investigación interna. No guardaron silencio prudente. Salieron inmediatamente a atacar las revelaciones. El propio presidente Gustavo Petro calificó como montaje lo que la Fiscalía acaba de confirmar como verdad judicial.
Protección estatal y legitimidad prestada
Mientras el Gobierno blindaba su narrativa oficial, 'Calarcá' seguía sentado en la mesa de negociación, con escoltas proporcionados por el Estado, beneficios jurídicos especiales y la legitimidad prestada de quien supuestamente construye paz. Esto evidencia un gobierno que nunca estuvo genuinamente interesado en la paz, sino en la apariencia superficial de ella.
Hoy, el general Huertas y el director Mejía enfrentan un proceso formal ante la Corte Suprema de Justicia. Esto no constituye un simple error de cálculo; es encubrimiento deliberado. Y el encubrimiento no flota solo en el vacío: requiere protección institucional, coordinación entre actores y una decisión consciente de alguien con poder sobre qué información conviene que se conozca públicamente y qué debe permanecer oculto.
Un dilema sin solución elegante para el Gobierno
El Gobierno enfrenta actualmente un problema sin salida elegante. Si retira a 'Calarcá' de la mesa de negociación, el proceso se fractura irreversiblemente justo antes de un año electoral crucial. Si decide mantenerlo, consolida un precedente devastador: que en Colombia es posible negociar paz durante el día y ordenar asesinatos durante la noche, sin enfrentar consecuencia legal alguna.
Lo que parece estar ocurriendo es incluso peor que estas dos opciones: el silencio cómplice. Esta omisión deliberada no representa neutralidad. Comunica, sin necesidad de palabras explícitas, que la continuidad del proceso político vale más que la vida del líder social que aparece asesinado en los chats de un negociador de paz.
La verdadera paz requiere sometimiento a la ley
La verdadera paz no se logra mediante diálogos que terminan en farsas criminales. Se alcanza únicamente mediante el sometimiento del criminal ante la Constitución y la ley. Con extradiciones que disuadan efectivamente y un Estado que tenga la voluntad política firme de exigir que sus propias condiciones se cumplan cabalmente.
Colombia ha pagado un precio demasiado alto en vidas humanas para aprender esta lección fundamental. Y sin embargo, aquí estamos nuevamente, repitiendo los mismos errores históricos. Hasta ahora, el espejo de la justicia no tiene a quién devolverle la mirada, porque los responsables siguen evadiendo su reflejo.
