De la paz total a la impunidad total: un riesgo que Colombia no puede ignorar
En un país marcado por décadas de violencia, jugar con los límites de la ley representa una irresponsabilidad de enormes proporciones. Gloria Díaz analiza cómo en Colombia se está volviendo una costumbre capturar criminales para luego ver cómo el sistema les abre una puerta de salida.
Una verdad incómoda y dolorosa
Hay una realidad que el país ya siente en las calles y territorios: de poco sirven los operativos, las capturas o la militarización si al final el sistema suspende órdenes de captura, blinda a cabecillas con etiquetas políticas y envía el mensaje de que delinquir aún puede ser rentable. Lo que ocurre con alias Calarcá, los jefes de bandas en Medellín y el uso elástico de la figura de gestores de paz no es un simple debate jurídico. Es una discusión profunda sobre el tipo de Estado que somos: uno que protege a los ciudadanos o uno que negocia sus límites con quienes los han sometido por años.
Instrumentos excepcionales convertidos en salvoconductos
La paz, sin duda, requiere herramientas excepcionales. Nadie niega que un proceso de diálogo o sometimiento necesita incentivos y mecanismos jurídicos. Pero hay una gran diferencia entre crear instrumentos para desmontar la violencia y convertirlos en salvoconductos de facto para criminales que siguen delinquiendo mientras dialogan con el Estado. El caso de alias Calarcá es emblemático: desde que su orden de captura fue suspendida en 2023, su estructura no se ha debilitado, sino que se ha fortalecido. Pasó de 1.400 hombres en armas a cerca de 3.000 en 2026, un crecimiento del 111%, con presencia en 10 departamentos y aproximadamente 100 municipios. Esto no refleja un actor contenido por la negociación, sino una organización que se expandió durante el diálogo.
Además, la fiscal general solicitó reactivar las órdenes de captura contra alias Calarcá no por capricho político, sino por vincularlo con hechos graves ocurridos mientras estaba protegido: asesinatos, masacres, explosivos y ataques con minas antipersonales. Si con ese historial y una estructura criminal fortalecida el Estado sigue dudando, el problema ya no es jurídico, sino moral, institucional y profundamente peligroso para la credibilidad de la justicia.
La situación en Medellín agrava la señal
La controversia en Medellín no surge porque el país rechace salidas negociadas, sino porque la Fiscalía reactivó 16 de 23 órdenes de captura al detectar errores de fondo, como suspender órdenes a cabecillas ya privados de la libertad o condenados. En otras palabras, se distorsionó la lógica del sistema para acomodarla a una estrategia política mal diseñada. Cuando el Estado improvisa con figuras tan delicadas, no construye paz: debilita la confianza en la justicia.
La degradación de la figura del gestor de paz
Uno de los aspectos más ofensivos de esta política es la degradación de la figura del gestor de paz, que para muchos ciudadanos se ha convertido en un premio inmerecido para criminales peligrosos. Esto se siente como una burla para las víctimas, que entierran familiares, viven extorsionadas o sobreviven en barrios controlados por bandas, mientras el Estado envía el mensaje de que siempre habrá una fórmula para aliviar la carga judicial del victimario. El caso de “El Mesa” lo ilustra: en Bogotá capturaron a 23 integrantes de esa organización, incluidos 8 sicarios, y al mismo tiempo el Gobierno nombró gestor de paz a alias “El Montañero”, cabecilla de la banda, y le levantó la orden de captura. Es absurdo, indignante y demoledor para la credibilidad institucional.
Un proceso sin control y sus consecuencias
Es peligroso justificar todo en nombre de la “paz”, como si esa palabra pudiera taparlo todo. Sin reglas claras, límites y consecuencias reales, eso no es paz: es desorden. Y en un país con economías ilegales, el desorden siempre favorece al criminal. Lo que vemos es un proceso sin control, donde se suspenden capturas sin claridad, se negocia sin condiciones firmes y se toman decisiones que parecen más improvisación que estrategia. El mensaje es grave: al que delinque se le abren puertas, al que cumple la ley se le exige paciencia y a las víctimas se les pide que esperen y confíen en una justicia que no llega al ritmo de su dolor.
La crisis estructural de impunidad
Esta discusión no ocurre en el vacío. Colombia arrastra una crisis estructural de impunidad que golpea especialmente a quienes menos protección tienen. La CIDH advirtió recientemente sobre altos niveles de impunidad, falta de control efectivo y complicidades que obstaculizan la lucha contra violencias y economías ilícitas. En este contexto, el Estado debería cerrar boquetes, no abrir nuevos; fortalecer la justicia, no tensarla con beneficios ambiguos; y enviar un mensaje inequívoco de sanción, no de flexibilidad permanente frente a criminales.
La ruptura de la idea de justicia
Lo que más indigna a la gente es que cuando un policía o soldado arriesga su vida para capturar a un delincuente, la arquitectura institucional termina favoreciendo suspensiones, dilaciones o libertades absurdas. Esto no solo rompe expedientes, sino la idea misma de justicia. La ciudadanía siente que el esfuerzo del Estado vale poco, que la ley castiga al débil y negocia con el fuerte, y que el criminal siempre encuentra una rendija para reciclarse como interlocutor. Así, la impunidad deja de ser un problema técnico y se convierte en un veneno social.
Colombia necesita paz sin disfraces
Colombia sí necesita hablar de paz, pero también debe dejar de disfrazar la impunidad. No se puede llamar gestor de paz a quien sigue actuando como gestor del miedo. No se puede suspender la captura de quien sigue produciendo muerte. No se puede exigir confianza ciudadana mientras el Estado transmite la sensación de que siempre hay una categoría nueva para suavizar el peso de la ley a los poderosos del crimen. La paz verdadera requiere verdad, sometimiento real, desarme efectivo, sanción, reparación y no repetición. Todo lo demás es un atajo, y Colombia ya conoce demasiado bien el costo de los atajos: más impunidad, más cinismo y más ciudadanos abandonados a la idea de que la justicia solo funciona en los discursos.
