En medio del choque entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General de la Nación, tras el anuncio de la entidad judicial de no suspender de manera automática las órdenes de captura contra 29 cabecillas del Clan del Golfo, el Ejecutivo anunció una nueva fase en el proceso de paz.
La Consejería Comisionada de Paz informó que el presidente Gustavo Petro autorizó avanzar de manera acelerada en el traslado de integrantes de grupos armados ilegales hacia cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), como parte de los procesos que adelanta el Gobierno Nacional.
¿Qué son las Zonas de Ubicación Temporal?
Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Colombia son espacios geográficos definidos, regulados y temporales, acordados entre el Gobierno Nacional y grupos armados ilegales para concentrar a sus miembros desarmados. Estas zonas buscan facilitar los procesos de desmovilización y sometimiento a la justicia.
Primera fase excluye a extraditables
A través de un comunicado oficial, el Gobierno reiteró que la conducción de la política de paz y del orden público corresponde exclusivamente al jefe de Estado. No obstante, el organismo informó que en la primera etapa de implementación de las ZUT no serán trasladadas personas que tengan órdenes de captura vigentes con fines de extradición. Sin embargo, la administración indicó que dicha situación será objeto de evaluación posterior por parte del presidente de la República.
Según explicó la Consejería Comisionada de Paz, la decisión se dio después de una reunión entre el presidente Gustavo Petro, el consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y los delegados del Gobierno Nacional para los procesos de paz: Armando Novoa, Carlos Erazo, Gloria Quiceno, Mauricio Silva, Álvaro Jiménez, Isabel Zuleta, Fabio Cardozo, Alexander Castillo y Camilo Pineda. Durante el encuentro, también se presentó un balance sobre los avances, dificultades y resultados obtenidos en cada uno de los procesos de diálogo y negociación que actualmente desarrolla el Ejecutivo en distintos territorios del país.
Gobierno defiende legalidad del proceso
El comunicado oficial concluye: "El Gobierno Nacional reitera que la paz es una política de Estado, cuya realización implica la concurrencia de todas las autoridades bajo los principios de colaboración armónica e independencia funcional, tal como lo ordena la Constitución Política de 1991".
Además, el presidente Petro reiteró en redes sociales que los procesos que se están realizando con los grupos armados cumplen los mecanismos que exige la ley. "Todos los requisitos que exige la ley se aplican en los procesos de negociación de paz que adelanta el gobierno y están bajo la intermediación y garantía de gobiernos extranjeros para garantizar pulcritud", afirmó.
La paz total impulsada por el Gobierno Nacional tiene el objetivo de generar mecanismos de desmovilización o sometimiento de grupos armados, en el marco de la Ley 2272 de 2022 y la Constitución Política.
