Gobierno Petro prorroga período de gestores de paz con nexos a disidencia del ELN
La Presidencia de la República emitió una resolución que extiende el período de nueve gestores de paz vinculados a los Comuneros del Sur, una disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que mantiene un proceso de paz en el departamento de Nariño. La medida, avalada por la Casa de Nariño, busca que estas figuras contribuyan con su conocimiento y experiencia en la estructuración del proceso de paz con este grupo armado ilegal.
Perfiles controvertidos entre los beneficiados
Entre los nueve individuos que verán prorrogado su mandato como gestores de paz se encuentran personas con historiales judiciales por diversos crímenes cometidos bajo las banderas del ELN. Las autoridades colombianas mantienen sospechas sobre la posible continuidad de actividades ilícitas por parte de algunos de estos designados.
La lista incluye figuras como:
- Ana Milena García Leiton, conocida con el alias de Sonia, condenada a 40 años de prisión por la retención ilegal de una familia en Jamundí, Valle del Cauca.
- Jaime Edilson Rodríguez Moreano, alias Yovany, relacionado con clanes del narcotráfico de Ecuador.
- Ómar Robinson Vallejo España, señalado de participar en el asesinato de dos policías en Nariño.
- Édgar Humberto Restrepo Benjumea, alias Mono Clinton, considerado el cerebro del frente de guerra urbano del ELN.
Completan la nómina Diego Fernando García, Jesús Andrés Cabezas, Yumer Arley Guerrero Castilla, Luis Alberto Villota Rodríguez y Carlos Jhon Cabrera Ruales. Según el documento oficial, su misión será contribuir con su conocimiento y experiencia a la estructuración del proceso de paz con los Comuneros del Sur y promover acuerdos y acciones humanitarias.
Condiciones y excepciones en la resolución
La resolución presidencial establece condiciones claras para el mantenimiento de estas designaciones. El Gobierno nacional se reserva el derecho de retirar en cualquier momento la condición de gestores de paz y solicitar la reactivación de las medidas penales ordinarias en caso de incumplimiento.
Esta cláusula ya fue aplicada recientemente con Alexis Fabián Hoyos Ospina, a quien se le retiró la designación como gestor de paz que le había sido reconocida el 8 de noviembre de 2024. La decisión, tomada por recomendación del propio grupo armado ilegal, implica que deberá reactivarse la persecución penal en su contra.
La medida se enmarca en los esfuerzos del Gobierno Petro por avanzar en su política de Paz Total, aunque genera controversia por incluir a individuos con condenas por delitos graves como secuestros, atentados y homicidios contra miembros de la fuerza pública.
