Promesa incumplida: Petro no logró la paz y Colombia enfrenta nueva ola de violencia electoral
En una entrevista concedida a la revista Semana durante el año 2021, cuando aún era senador y candidato presidencial, Gustavo Petro hizo una declaración contundente: "Si no hicimos la paz que me tumben, es más, yo mismo renuncio porque no sirvo". En esa misma conversación, el ahora presidente añadió con seguridad: "a los tres meses de ser presidente se acaba el ELN en Colombia porque se hace la paz".
Realidad actual: violencia político-electoral en ascenso
Con menos de seis meses para completar su período presidencial, la realidad muestra un panorama completamente distinto al prometido. El gobierno actual no solo ha fracasado en su objetivo de alcanzar "la paz total", sino que ha dejado al país sumido en una nueva y preocupante crisis de violencia político-electoral. Esta subcategoría de violencia política se refiere específicamente a los ataques dirigidos contra individuos o colectivos que ejercen sus derechos políticos durante campañas electorales.
La situación es alarmante y parece lejos de resolverse. Según un informe detallado de la Fundación Paz y Reconciliación, entre el 8 de marzo y el 9 de octubre de 2025, se documentaron 139 víctimas de este tipo de violencia en 109 incidentes separados. Los datos revelan una cruda realidad: "En promedio, cada dos días una persona vinculada a la política es atacada, amenazada o asesinada en Colombia".
Hechos graves no contabilizados
El informe mencionado ni siquiera incluye los graves sucesos ocurridos durante los últimos cuatro meses, entre los cuales destacan:
- El atentado en Arauca contra la avanzada del senador Jairo Castellanos, que resultó en la muerte de dos integrantes de su equipo de seguridad.
- El reciente secuestro y posterior liberación de la senadora indígena Aida Quilcué.
- El asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe, cuyos autores intelectuales permanecen en la impunidad total.
Elecciones bajo amenaza
El próximo 8 de marzo, aproximadamente cuarenta millones de colombianos tendrán derecho a acudir a las urnas para elegir a los nuevos congresistas de la República y participar en las consultas presidenciales. Sin embargo, la violencia político-electoral se ha convertido en protagonista indiscutible de la contienda, y no existen las garantías básicas de seguridad necesarias para que partidos políticos, candidatos y sus equipos puedan competir libremente por el voto ciudadano.
Las elecciones colombianas están claramente bajo ataque. Si bien es cierto que las causas de esta violencia involucran a múltiples actores distribuidos en diferentes regiones del territorio nacional, también es innegable que el gobierno del Pacto Histórico debe asumir la responsabilidad que le corresponde por impulsar la fallida política de "paz total".
Retroceso histórico
En lugar de alcanzar el tan anhelado fin de la violencia política y convertir las elecciones en un debate democrático genuino, esta estrategia ha empeorado significativamente la situación, llevando al país a retroceder décadas en materia de seguridad electoral. Colombia vuelve a vivir momentos en que las elecciones representaban una actividad de alto riesgo y la violencia empañaba sistemáticamente cualquier decisión emanada de las urnas.
La promesa presidencial de tres meses para lograr la paz con el ELN y erradicar la violencia política queda hoy como un testimonio de lo que pudo ser y no fue, mientras los colombianos enfrentan una realidad donde el ejercicio democrático se ve amenazado por balas y amenazas.
