Renuncia de alto funcionario de inteligencia sacude proceso de paz con disidencia EMBF
Los movimientos alrededor de la mesa de negociación con la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por alias Calarcá Córdoba, no cesan y continúan generando crecientes cuestionamientos. El proceso se desarrolla en medio de tensiones evidentes entre la apuesta de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro y las decisiones judiciales que avanzan paralelamente.
Renuncia irrevocable en medio de señalamientos graves
Este miércoles 1 de abril, Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presentó su renuncia irrevocable tras señalamientos sobre su presunto vínculo con la disidencia EMBF. Esta información se dio a conocer inicialmente en archivos revelados por Noticias Caracol en noviembre y diciembre del año pasado, poniendo nuevamente en el centro del debate el tablero de paz con este grupo armado.
La salida de Mejía ocurre en un contexto donde la fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó en entrevista con El Espectador que el ente investigador encontró información relevante en equipos incautados durante un polémico retén en Anorí, Antioquia, en julio de 2024. En esa operación fueron capturados varios disidentes, incluido el propio Calarcá Córdoba, cuando se transportaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección.
Contenido comprometedor en equipos incautados
Entre los documentos hallados en los computadores atribuidos a Calarcá no solo aparecen presuntos nexos de la disidencia con integrantes del Ejército y de la DNI, sino también reportes alarmantes que incluyen:
- Reclutamiento de menores de edad
- Secuestros documentados
- Delitos contra defensores de derechos humanos
- Acciones contra firmantes del Acuerdo de Paz
La fiscal Camargo fue contundente al señalar: "Ratificamos información grave de los computadores y celulares sobre relaciones del grupo con un general y una persona de la DNI. Así comprobamos que hay hechos muy graves asociados a alias Calarcá y muchos de ellos fueron revelados por Noticias Caracol".
Debate sobre órdenes de captura y metodología de verificación
La falta de voluntad de paz de Calarcá que señala la Fiscalía, sumada a la presunta comisión de delitos después de haber sido designado gestor de paz, llevó a una reunión de emergencia entre el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, y la fiscal Camargo. El objetivo era definir el futuro de las órdenes de captura contra el jefe disidente.
El resultado fue un plan de verificación de la voluntad de paz de quienes hoy tienen suspendidas esas órdenes en el marco de las negociaciones. Según el comunicado oficial, "se definió una metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos para el mantenimiento de la suspensión de las órdenes de captura en el marco de la Ley 2272 de 2022", conocida como Ley de Paz Total.
Laura Bonilla, investigadora y subdirectora de Pares, advirtió que para que esta metodología funcione adecuadamente no puede limitarse únicamente a verificar ceses al fuego. "Tiene que hacerse en el marco de los derechos humanos, no solamente del Derecho Internacional Humanitario. Si la Fiscalía y esta comisión se ciñen estrictamente a los ceses al fuego firmados, probablemente no van a encontrar gran cosa", afirmó la experta.
Afectaciones humanitarias continúan en territorios
Las preocupaciones sobre el impacto del grupo de Calarcá en la población civil quedaron nuevamente en evidencia esta semana en el bajo Caguán. Una pareja que había sido secuestrada logró huir del cautiverio y, por miedo a represalias y al reclutamiento forzado, escondió a sus cinco hijos –de entre 3 y 16 años– en la selva. El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, confirmó el rescate el 31 de marzo.
Este caso se suma al secuestro de dos menores de edad en El Bagre, Antioquia, quienes fueron acusadas sin pruebas de colaborar con otro grupo armado y liberadas cuatro días después, el 16 de marzo, tras presión de las autoridades locales y regionales.
Diálogos continúan en medio de tensiones crecientes
Mientras las delegaciones del Gobierno y la disidencia no se han pronunciado oficialmente sobre la continuidad del proceso, se conoció que la semana pasada el equipo negociador del Ejecutivo se trasladó a los llanos del Yarí para reunirse con Calarcá, precisamente en este escenario de tensiones judiciales y políticas.
El viernes, la mesa informó sobre la inauguración de una planta de bioabonos y un reservorio de semillas en la vereda Puerto Cachicamo, en San José del Guaviare. Este anuncio, aunque muestra que el proceso sigue en pie y que hay avances territoriales concretos, contrasta marcadamente con la presión constante de la Fiscalía y las dudas persistentes sobre la legitimidad y efectividad de la mesa de diálogo.
El panorama actual presenta un delicado equilibrio entre la voluntad política de avanzar en los diálogos de paz y las exigencias judiciales de rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos, creando un escenario complejo para el futuro inmediato del proceso con la disidencia EMBF.
