Tensión creciente en proceso de paz urbana de Medellín
En un giro que marca un nuevo punto de conflicto en las negociaciones de paz urbana, la fiscal Luz Adriana Camargo anunció la reactivación de órdenes de captura contra varios jefes de estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Este movimiento ocurrió casi simultáneamente con la presentación de avances por parte de la delegación gubernamental y voceros de las bandas desde la cárcel de Itagüí.
Defensa del proceso gubernamental
La senadora Isabel Zuleta, cabeza de la delegación oficial, defendió con firmeza el proceso de diálogo y sus mecanismos jurídicos, respondiendo a cuestionamientos sobre su viabilidad. "La petición de garantías surge por la persecución judicial y mediática contra el proceso", afirmó Zuleta, explicando que las solicitudes de protección legal no constituyen beneficios indebidos sino medidas necesarias para salvaguardar las conversaciones.
La parlamentaria destacó la naturaleza atípica de las circunstancias: "No es lo más frecuente que a una persona privada de la libertad le den una orden de captura. Parece ilógico, parece falta de sentido común, pero son las realidades que se viven en este proceso".
Fundamento legal y estrategia de paz
La semana anterior, la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz había defendido la suspensión de órdenes de captura contra 23 líderes criminales, argumentando que esta medida forma parte de una estrategia integral orientada al:
- Desescalamiento de las violencias urbanas
- Construcción de paz territorial
- Facilitación del tránsito hacia la ciudadanía plena de integrantes de estructuras armadas
Según la Oficina, estas decisiones se sustentan en la Ley 2272 de 2022 y "responden exclusivamente a dinámicas propias de la construcción de paz".
Hoja de ruta y participación comunitaria
El comunicado conjunto del Espacio de Conversación Socio Jurídico, leído este martes, establece una hoja de ruta basada en cinco ejes fundamentales:
- Desescalamiento de las violencias
- Reparación integral de las víctimas
- Transformación de los territorios
- Sustitución de economías ilegales
- Fortalecimiento del Estado Social de Derecho
Zuleta enfatizó que "las víctimas no son en abstracto, son en concreto, en territorios específicos, con circunstancias de tiempo, modo y lugar", insistiendo en que el proceso busca responder a estas realidades particulares.
Eventos territoriales y críticas políticas
La delegada anunció que se realizarán eventos con la mesa de paz en distintos territorios, donde comunidades y organizaciones sociales tendrán un papel central en la construcción del acuerdo. La apuesta gubernamental es que la paz urbana no se limite a negociaciones entre actores armados, sino que se construya con legitimidad social.
Estos anuncios han generado críticas desde sectores políticos que advierten sobre un posible uso electoral del proceso. El exsenador Roy Barreras ha expresado preocupaciones específicas sobre una eventual incidencia en campañas políticas.
Frente a estas acusaciones, Zuleta respondió con contundencia: "Que muestren las pruebas. ¿Cuáles son las acciones de proselitismo político? Nosotros lo que hemos hecho es generar garantías para las elecciones, para que no haya coerción sobre la población".
Impacto en seguridad electoral
La senadora defendió los logros del proceso en materia de seguridad, afirmando que "en todos los municipios donde había alertas y donde hay procesos de paz se pudo desarrollar como nunca antes una jornada electoral en paz". Esta declaración hace referencia directa a los reportes de la Misión de Observación Electoral, que según Zuleta respaldan estas mejoras.
El proceso, que según la delegación gubernamental "avanza de manera firme, sostenida y responsable", representa el resultado de más de una década de intentos por encontrar salidas negociadas a las violencias urbanas en la región. Sin embargo, la reactivación de órdenes de captura introduce un nuevo elemento de tensión en este complejo escenario de diálogo y confrontación legal.
