Senadora del Pacto Histórico defiende acercamientos con estructuras criminales de Medellín
En una entrevista exclusiva con EL TIEMPO, la senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico abordó los controvertidos avances en los diálogos con las bandas criminales de Medellín, que resultaron en el levantamiento de las órdenes de captura contra 23 capos de los combos herederos de 'Don Berna' y la Oficina de Envigado.
Marco legal y metodología de los diálogos
Zuleta explicó detalladamente que el levantamiento de las órdenes de captura aplica específicamente para siete cabecillas que ya habían recuperado su libertad por orden judicial. En el caso de aquellos que permanecen privados de la libertad, la medida busca evitar nuevas capturas por delitos recientes, funcionando como una garantía para que continúen en el camino hacia el sometimiento.
"Materializar el sometimiento requiere un marco jurídico específico que aún no existe", afirmó la senadora, destacando que estos acercamientos se desarrollan bajo los parámetros permitidos por la Ley de Paz Total, mientras esperan la aprobación de la ley de sometimiento que actualmente está empantanada en la Comisión Primera de la Cámara.
La metodología establece claras etapas: "La primera etapa de acercamiento concluyó el 2 de junio de 2023, cuando establecimos contacto y voluntad de las estructuras para sentarse en una mesa". Actualmente, según Zuleta, se encuentran en la etapa de irreversibilidad, que busca hacer permanentes los hechos de paz concretos territorialmente establecidos.
Críticas a la presión mediática y defensa del proceso
La congresista expresó su frustración ante lo que considera una presión mediática desproporcionada: "Esta es la única ocasión en que los medios nos han presionado tanto. Ni siquiera con Álvaro Uribe, quien desmovilizó a las AUC sin un marco jurídico". Zuleta acusó directamente a algunos medios de no apostar por la paz y generar un ambiente inadecuado para estos procesos.
Frente a las acusaciones de injerencia en operativos de seguridad, presiones para traslados y hallazgos de equipos prohibidos en pabellones de máxima seguridad, la senadora respondió contundentemente: "Todo eso hace parte de ataques al proceso de paz. La supuesta injerencia no es tal". Defendió sus acciones como coordinadora del espacio de conversación sociojurídico, afirmando que actuó dentro de sus facultades designadas por resolución.
Diferencias territoriales y resultados variables
Zuleta reconoció que los resultados no son uniformes en todos los territorios donde se desarrollan diálogos sociojurídicos. Mientras en Medellín se reportan avances, en Buenaventura la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre una escalada de homicidios involucrando a estructuras como Los Shottas y Los Espartanos.
"Cada proceso es distinto", argumentó la senadora, explicando que las estructuras de Medellín operan bajo dinámicas diferentes a las de otros territorios como Quibdó, Cali, Barranquilla, Bucaramanga o Barrancabermeja. "Lo importante es que estamos avanzando hacia una nueva metodología: ya no solo se conversa con actores políticos, sino también con estructuras criminales. Y no por ellas, sino por la ciudadanía".
Futuro del proceso sin ley de sometimiento
Ante la posibilidad de que la ley de sometimiento no sea aprobada en la actual legislatura, Zuleta manifestó: "No nos vamos a quedar cruzados de brazos porque el Congreso no haya dado el paso o se haya sentido presionado por distintos actores, incluido el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín".
La senadora reveló que ya se han realizado dos reuniones con el ministro de Justicia, el ponente Alirio Uribe y el presidente de la Comisión Primera para agendar el debate de la ley. Sin embargo, advirtió que el pulso político es difícil y que continuarán avanzando en todo lo que esté dentro de las potestades del Ejecutivo.
Finalmente, Zuleta enfatizó que el levantamiento de órdenes de captura no constituye un beneficio, sino garantías mínimas para el diálogo: "Los voceros necesitan garantías para participar sin el temor de ser capturados mientras están en la mesa". Aclaró que esto no implica excarcelaciones y que las personas que ya estaban en libertad lo estaban por haber cumplido sus penas, decisión tomada exclusivamente por jueces, no por la delegación ni la Fiscalía.
