El certificado de vulnerabilidad se ha convertido en el documento más buscado por miles de migrantes que intentan acogerse a la regularización extraordinaria en España. Introducido a última hora por el Gobierno dentro del Real Decreto, este reporte pasó de ser un requisito implícito a una condición obligatoria para quienes opten por esta vía, lo que saturó los servicios sociales y las organizaciones que lo expiden.
Requisitos para la regularización extraordinaria en España
El pasado 14 de abril, el Gobierno español aprobó el decreto sobre esta regularización, con la que se prevé dar permiso de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de extranjeros en el país. Para ello exige:
- Que los solicitantes acrediten residencia continua en el país antes de 2026.
- No tener antecedentes.
- Cumplir uno de tres supuestos: vínculo laboral, cargas familiares o situación de vulnerabilidad.
Certificado de vulnerabilidad: el requisito anunciado a última hora
La vulnerabilidad se ha convertido en el camino más utilizado, pero ahora requiere un certificado formal emitido por una entidad acreditada. El problema es el tiempo. En ciudades como Madrid, cientos de personas han tenido que hacer filas desde la madrugada e incluso dormir en la calle para intentar conseguir una cita. En Barcelona, los turnos para obtener el documento ya están prácticamente agotados hasta finales de mayo, según una voluntaria de la ONG Mujeres Palante.
Además, el abogado del despacho Belinchón & Perille destaca que “todos los días se están incorporando 50 nuevas autoridades” a la lista de entidades acreditadas por el Gobierno para emitir el informe de vulnerabilidad. De hecho, ya son más de 230 asociaciones en todo el país, la mayoría de ellas colectivos locales, oenegés o sindicatos.
Entre estas entidades se encuentra Mujeres Palante, emplazada en el número 10 de la calle de Villarroel, en el centro de Barcelona y que ha atendido sin parar solicitudes.
Alta demanda y saturación de servicios
La alta demanda se explica, en parte, porque el requisito no estaba claramente contemplado en versiones previas de la norma. “El mero hecho de estar en situación irregular se entendía como suficiente para acreditar vulnerabilidad”, explica el abogado de extranjería Andrés Perille. Sin embargo, la inclusión del certificado en el texto final, con el proceso ya en marcha, provocó una “saturación de los servicios sociales” y de las organizaciones que ahora deben emitirlo.
Ante la presión, el Gobierno decidió ampliar progresivamente el número de entidades autorizadas: ya son más de 230 en todo el país, entre ONG, asociaciones locales y sindicatos, y cada día se suman nuevas. Aun así, la demanda supera la capacidad instalada. En algunos casos, asociaciones han expedido cientos de certificados en apenas días, mientras las listas de espera siguen creciendo.
Aunque el plazo para presentar solicitudes se extiende hasta el 30 de junio, expertos consideran que varios extranjeros podrían no conseguir el documento a tiempo. En la primera semana del proceso, más de 130.000 personas migrantes solicitaron la regularización extraordinaria, según informó el 24 de abril el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España.
