Un caso de negligencia médica que comenzó con un dolor de urgencia terminó en una histórica decisión judicial que pone la lupa sobre la responsabilidad de las instituciones de salud. Lo que para un adolescente de 17 años parecía ser una consulta médica rutinaria por una molestia física, se transformó en una pérdida irreversible debido a la gestión del tiempo dentro del sistema asistencial.
Demora de trece horas con secuelas de por vida
El núcleo del caso radica en un diagnóstico de torsión testicular, una condición que los especialistas médicos consideran una “carrera contra el reloj”. A pesar de que el paciente ingresó al centro hospitalario con síntomas claros, la intervención quirúrgica necesaria para salvar el órgano se realizó más de 13 horas después de su llegada. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas fue enfática al señalar que el hospital tenía a su disposición toda la información clínica para actuar de inmediato. Al no hacerlo, el tribunal concluyó que existió una falta de servicio por parte del Estado, ya que la demora fue el factor determinante para que el adolescente perdiera su testículo. Por este motivo, se ordenó una indemnización de 30 millones de pesos, considerando tanto el impacto físico como el daño psicológico permanente.
Un precedente legal para la protección de menores
Más allá de la cifra económica, la resolución judicial destaca un punto fundamental: el deber especial de resguardo que tiene el Estado hacia los jóvenes. El fallo revirtió una sentencia previa de primera instancia, estableciendo que la negligencia no solo ocurre por errores de diagnóstico, sino también por la incapacidad de brindar un tratamiento oportuno que evite secuelas definitivas. Para los expertos legales, esta decisión podría marcar un antes y un después en cómo se juzgan las fallas administrativas en los hospitales. El abogado querellante, Juan Srdanovic Arcos, subrayó que este caso reafirma que la administración de salud debe responder cuando su ineficiencia impide que un paciente acceda a la medicina a tiempo, sentando un precedente que protege el derecho a la integridad personal en todo el país.
