El Ministerio de Trabajo publicó un proyecto de decreto que ordena el traslado exprés de más de 25 billones de pesos desde fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, en un plazo máximo de 15 días. La medida afecta a 118.000 afiliados que se cambiaron al régimen público durante la llamada 'ventana de oportunidad' establecida en la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro.
Expertos en derecho y pensiones han calificado la iniciativa como ilegal. Kevin Hartmann, doctor en Derecho, señaló que el decreto viola el parágrafo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, el cual establece que los recursos trasladados deben permanecer en las administradoras de fondos de pensiones (AFP) hasta que el afiliado cumpla los requisitos para pensionarse. 'Un decreto no puede modificar ni contrariar una ley', afirmó Hartmann.
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, rechazó la iniciativa y advirtió que mover los ahorros ahora a Colpensiones liberaría recursos presupuestales que el Gobierno podría usar para otros fines, generando un riesgo fiscal. El impacto fiscal estimado es de 25 billones de pesos, que quedarían disponibles en el presupuesto, pero se convertirían en deuda implícita a largo plazo.
Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Soluciones Pensionales ISP, también calificó el decreto como 'absolutamente ilegal' y advirtió que los ministros que lo firmen podrían incurrir en prevaricato al expedir un acto contrario a la ley. La controversia jurídica, fiscal y política continúa en desarrollo.
