El Ministerio de Hacienda publicó el borrador de decreto que establece el Plan de Austeridad de Gasto para la vigencia del Presupuesto General de la Nación de 2026. La norma contempla, entre otras medidas, la reducción de gasto en contratos de prestación de servicios y la eliminación del uso de pactos arbitrales para dirimir controversias comerciales.
En el nuevo plan, el Ejecutivo incluyó disposiciones enfocadas al ahorro en la contratación de personal para prestación de servicios. Las entidades anexas al PGN deberán revisar las razones que justifiquen la contratación de personas para estos fines y no podrán celebrar nuevos acuerdos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano. Además, los organismos deberán aplicar un plan de reducción de gasto para evitar duplicidad de contrataciones y optimizar el gasto público.
El borrador de decreto también fija limitaciones en el establecimiento de pactos arbitrales en contratos estatales. Los órganos que hacen parte del PGN deben abstenerse de establecer pactos arbitrales de alcance internacional para dirimir controversias comerciales relativas a inversiones en contratos estatales. En caso de que se requiera pacto arbitral, la entidad deberá justificar su necesidad y contar con una autorización del secretario jurídico de la Presidencia de la República.
En la memoria justificativa, el Gobierno precisó que esta prohibición se justifica en que no existe ninguna norma legal que imponga a los organismos públicos solucionar sus controversias comerciales ante la justicia arbitral internacional. Las controversias con entidades públicas deben resolverse ante la justicia ordinaria, administrativa y constitucional de Colombia. La medida busca reducir gastos asociados al pago de honorarios altos que demandan estos tribunales.
El Gobierno también tiene el propósito de usar menos recursos estatales con medidas que contemplan la modificación de la planta de personal y estructura administrativa siempre que dicha reforma sea a costo cero o genere ahorros, la racionalización del pago de horas extras y la existencia de un plan anual de vacaciones para que estos periodos no sean acumulados ni interrumpidos. Las entidades deberán acatar directrices de arrendamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, priorizar eventos virtuales sobre desplazamientos físicos, planificar viajes con mínimo tres meses de anticipación y aplicar medidas restrictivas para el pago de viáticos, como no pagar más del 50% de los gastos cuando la comisión sea inferior a un día.
