El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 0182 de 2026 del gobierno de Gustavo Petro, que ordenaba el traslado masivo de afiliados de distintas EPS a la intervenida Nueva EPS en varias zonas del país. La medida cautelar responde a una demanda de nulidad interpuesta por la congresista Katherine Miranda.
La demandante argumentó que el decreto vulneraba el derecho fundamental a la salud y la libre elección de los usuarios, al establecer reglas que limitarían el número de EPS operativas según el tamaño de los municipios. Según la querella, esto derivaría en la asignación obligatoria de más de seis millones de afiliados a otras entidades, de los cuales cerca de 2,6 millones terminarían en la Nueva EPS.
El tribunal advirtió que la Nueva EPS presenta un incumplimiento reiterado de estándares financieros, incluyendo un patrimonio adecuado negativo y un déficit en sus reservas técnicas. El Consejo de Estado consideró que no es razonable sostener que concentrar a la población en entidades intervenidas o con crisis de sostenibilidad garantice la eficiencia del servicio.
El Gobierno Nacional, a través de la Presidencia y el Ministerio de Salud, defendió la legalidad del decreto alegando que buscaba corregir la atomización y fragmentación del sistema, fortaleciendo la red pública y generando economías de escala. Sin embargo, la magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, concluyó que las medidas no superan el juicio de proporcionalidad.
La providencia señala que las medidas no son idóneas ni necesarias para los fines propuestos, ya que impactan gravemente el acceso a la salud en condiciones de oportunidad y continuidad. Además, se evidencia una regresión injustificada en el nivel de protección del derecho a la salud al reducir las opciones de elección de los ciudadanos. Con esta decisión, la implementación del nuevo modelo de aseguramiento territorial queda frenada de manera inmediata.
