El presidente Gustavo Petro defendió este miércoles la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y advirtió que reducir sus recursos sería una manera indirecta de debilitar una institución clave del acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc. El pronunciamiento se produce tras las declaraciones del ministro de Justicia designado, Iván Cancino, quien afirmó que el próximo gobierno revisará gastos y exigirá resultados a la JEP, sin pretender eliminarla.
Petro: la JEP es parte del acuerdo de paz y debe ser fortalecida
En un mensaje difundido en su cuenta de X, Petro sostuvo que la JEP debe ser fortalecida "desde el presupuesto de la Nación que se traspasa a Justicia". Con esa frase, el mandatario puso el foco en el alcance financiero de la discusión sobre el futuro de la justicia transicional. "Acabar la JEP quitando financiación no es correcto", afirmó, al tiempo que recordó que la JEP hace parte del acuerdo de paz, que calificó como una "declaración unilateral de Estado". Según Petro, los compromisos derivados del acuerdo trascienden la orientación política de una administración y obligan a sostener las instituciones creadas para su cumplimiento.
El presidente fue más directo al señalar que reducir los recursos de la JEP podría afectar una de las instituciones creadas para implementar el acuerdo de paz y garantizar verdad judicial sobre el conflicto armado. "No hay que acabar la posibilidad de la verdad judicial en el conflicto", dijo, porque esa verdad es "fundamental para la reconciliación nacional".
El debate presupuestal y la verdad judicial
Petro también defendió el papel de la JEP como mecanismo de verdad judicial. "Si queremos paz debe haber verdad, mucha verdad; y no miedo, amenaza y mucha mentira", afirmó. La frase resume el contraste que quiso plantear frente a una eventual revisión presupuestal que, en su criterio, podría afectar la misión de la jurisdicción. Para el presidente, debilitar la JEP implicaría cerrar una vía institucional para alcanzar verdad judicial, especialmente para quienes esperan decisiones sobre graves violaciones ocurridas durante décadas de conflicto.
El mensaje de Petro abre un pulso político y presupuestal alrededor de la JEP. La entidad no solo cumple una función judicial, sino que también tiene un peso simbólico e institucional dentro del acuerdo de paz. Según Petro, su financiación no debería depender solo del gobierno de turno, sino que debe ser una obligación del Estado.
Cancino plantea revisión de gastos y resultados
El debate surgió luego de que Iván Cancino, ministro de Justicia designado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, asegurara en Caracol Radio que el gobierno entrante respetará la independencia de la JEP, pero revisará temas administrativos y presupuestales que no estén directamente relacionados con sus funciones. "No es que nosotros queramos acabar la JEP", dijo Cancino, quien señaló que la jurisdicción tiene plazos definidos por la Constitución y el Acuerdo de Paz, por lo que deberá responder al país cuando concluya su etapa de investigación.
El ministro designado indicó que se deben revisar "unos temas del gasto, aquellos que no estén, obviamente, dentro del acuerdo de paz y que no tengan un soporte constitucional y convencional". Su postura se ubica en el terreno de eficiencia y rendición de cuentas. Cancino también planteó dudas sobre el balance de las investigaciones, al señalar que, según datos de la JEP, "los máximos responsables son alrededor de sesenta y tres personas; más del 80% son militares y menos del 20% son excombatientes de las Farc". Con esa cifra, abrió una discusión sobre equilibrio en la aplicación de la justicia transicional.
Aun así, Cancino aclaró que el nuevo gobierno respalda la aplicación de justicia transicional para integrantes de las Fuerzas Militares que cometieron delitos, y pidió que el mismo criterio se aplique a antiguos miembros de la guerrilla. "Nosotros pedimos que a quienes delinquieron en las Fuerzas Militares se les aplique toda la justicia transicional y restaurativa, pero que exista una aplicación igual para los combatientes que pertenecieron a las Farc", afirmó.
Impacto político y perspectivas
La defensa de Petro a la JEP se da en un contexto de transición de gobierno. El presidente electo Abelardo De La Espriella asumirá el cargo en los próximos días, y su gabinete ha manifestado una postura crítica hacia la JEP, aunque sin proponer su eliminación. La discusión sobre el presupuesto de la JEP podría convertirse en uno de los primeros puntos de fricción entre el actual gobierno y el entrante.
La JEP fue creada como parte del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc, con el objetivo de esclarecer hechos del conflicto armado, establecer responsabilidades y producir decisiones judiciales que permitan a las víctimas conocer lo ocurrido. Su financiación proviene del presupuesto nacional, y cualquier reducción podría afectar su capacidad operativa. Para Petro, debilitar la JEP implicaría cerrar una vía institucional para alcanzar verdad judicial y reconciliación nacional.
