Colombia inició la etapa de transición entre el Gobierno saliente y el entrante luego de que la autoridad electoral entregara las credenciales al nuevo presidente y vicepresidente, y avanzara en la declaratoria de elección del nuevo Congreso. En este contexto, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado a garantizar un proceso de empalme ajustado a la ley, respetuoso de las instituciones y orientado a preservar la estabilidad democrática. Invitó a todos los sectores políticos a superar la polarización y construir confianza institucional de cara al cambio de gobierno previsto para el próximo 7 de agosto.
Procuraduría pide cumplir las normas del empalme entre gobiernos
El jefe del Ministerio Público aseguró que el país atraviesa una "legítima transición democrática" después de que "el mayor número de ciudadanas y ciudadanos en la historia se expresara de manera libre en las urnas para elegir al nuevo Congreso de la República y al nuevo mandatario de los colombianos". Destacó que la autoridad electoral ya otorgó las credenciales al presidente y vicepresidente elegidos, mientras continúa la consolidación de los resultados para el Legislativo.
Durante su intervención, el procurador informó que la autoridad electoral declaró la elección de los integrantes del Senado y que solo permanecían pendientes dos circunscripciones de la Cámara de Representantes. Sostuvo que "el debate electoral está concluyendo en perfecta armonía", lo que permite afirmar que "nuestra democracia ha superado una nueva prueba con éxito". Frente a controversias electorales, recordó que "como en todas las democracias, las controversias que deriven de reclamaciones serán resueltas en derecho por los jueces".
Leyes regulan la entrega de la administración pública
El funcionario señaló que el empalme constituye "un proceso administrativo obligatorio, estratégico", cuyo propósito es entregar formalmente la administración pública, junto con sus recursos, asuntos pendientes, riesgos, logros y soportes documentales. Precisó que este procedimiento tiene como fundamento la Ley 951 de 2005 y la Ley 152 de 1994, normas que establecen las obligaciones de las autoridades nacionales al finalizar su gestión.
Explicó que estas disposiciones exigen que quienes culminan sus funciones entreguen un informe detallado sobre los asuntos de su competencia, así como sobre la gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos. Recordó que los servidores públicos deben presentar un acta de informe de gestión y que el funcionario entrante tiene la obligación de recibir esa documentación y revisar su contenido.
El procurador también reveló que el Comité Nacional de Empalme solicitó acompañamiento institucional a la Procuraduría, por lo que dispuso las medidas necesarias para brindar ese apoyo y reiteró la importancia de que las actividades de transición se desarrollen con celeridad y dentro de los plazos establecidos.
Llamado a superar la polarización antes del 7 de agosto
En su pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público invitó a que el empalme avance "con prontitud, con respeto recíproco por todos los participantes", siempre en beneficio del buen servicio público. Añadió que la transición democrática debe desarrollarse "en completa paz y armonía", respetando tanto las instituciones como la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.
Recordó que el nuevo presidente asumirá sus funciones el próximo 7 de agosto, conforme lo establecen la Constitución y la ley. Destacó que la oposición desempeñará el papel que le corresponde dentro del sistema democrático y subrayó que existen normas que regulan su funcionamiento.
Finalmente, el procurador extendió un llamado a todos los sectores políticos y de opinión para dejar atrás la polarización y fortalecer el debate democrático. Señaló que el país viene de "una paz electoral exitosa" y propuso avanzar hacia "una paz democrática" que permita construir consensos, fortalecer la legitimidad de las instituciones y promover la colaboración entre los sectores público y privado. A su juicio, ese esfuerzo conjunto permitirá aumentar la capacidad del país para enfrentar sus problemas estructurales y consolidar la confianza institucional "dentro de las propias diferencias de la política".
