Rodrigo Lara, designado como ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se refirió en entrevista con El Espectador a la relación que tendrán con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. El presidente electo ha dicho que buscaría acabar con el alto tribunal creado tras el acuerdo de paz con las antiguas Farc.
Diálogo con la institucionalidad
Lara enfatizó que, justo después de recibir las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE), tanto De la Espriella como su vicepresidente, José Manuel Restrepo, hicieron una “visita informal” a las altas cortes. Sin embargo, no hubo encuentro con la JEP. El presidente de ese tribunal, el magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que estaban abiertos a comunicarse, pero hasta la fecha no ha recibido una comunicación de la campaña para entablar el diálogo.
Lara señaló que “el diálogo hace parte de la función de gobierno” y que escucharán a “todos los actores de la institucionalidad”. Sobre la JEP, remarcó que no tiene, “en lo personal, ningún problema en escuchar cualquier posición”, pues es su “rol como interlocutor político del Gobierno”.
Respeto a la separación de poderes
“Este es un gobierno que respeta la separación de poderes y el Estado de Derecho. Eso sí, nosotros estamos esperando, incluso todos en Colombia, resultados por parte de la JEP. El elemento de verdad, naturalmente, es importante en el marco del cierre de conflictos de esta naturaleza; pero el elemento de justicia retributiva también lo es. Y me parece que en materia de justicia retributiva, en materia de sanciones ejemplarizantes contra delincuentes de lesa humanidad, particularmente en lo que tiene que ver con las FARC, no hemos visto sanciones que dejen satisfecho al pueblo colombiano”, agregó.
De la Espriella ha dicho que la JEP tiene “un altísimo costo para Colombia” y la señaló de ser “un directorio político disfrazado de tribunal”. Según él, haría “todo lo que esté en [sus] manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera”.
Nuevo decreto sobre sanciones de la JEP
Este fin de semana, el Ministerio de Justicia expidió el decreto 0652, con el que definió las “condiciones necesarias para que los comparecientes cumplan las sanciones propias y medidas impuestas”. En específico, está orientado a dos sanciones: la del macrocaso 01, que investiga los secuestros cometidos por integrantes de las antiguas Farc; y la del macrocaso 03, que busca esclarecer asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, específicamente los 127 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2005 en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).
Según la norma, los recursos para garantizar la ejecución de los proyectos provendrán de las entidades públicas de la rama ejecutiva del nivel central y descentralizado, así como de cooperación internacional y de alianzas con el sector privado, de acuerdo con las competencias legales y constitucionales de cada entidad involucrada. Además, señala que el Estado garantizará “las condiciones transversales de dignidad indispensables para que los comparecientes desarrollen las sanciones propias y las medidas impuestas por la JEP”. Eso sí, dejó claro que esas condiciones “no constituirán beneficios económicos para los comparecientes, ni podrán entenderse en ningún caso como contraprestaciones o remuneraciones por la realización de un servicio”.
