A tan solo 12 días de la segunda vuelta presidencial, la tensión aumenta en el departamento de Caquetá debido a las denuncias de presunto constreñimiento electoral por parte de las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Mordisco'. En entrevista con Noticias Caracol, el gobernador Luis Francisco Ruiz advirtió que comunidades de varios municipios estarían siendo presionadas para votar por un candidato específico, lo que pone en riesgo las garantías democráticas de los ciudadanos.
Presiones y amenazas a la población
Según Ruiz, las presiones provienen principalmente de la estructura armada 'Jorge Suárez Briceño', liderada por alias 'Calarcá'. Los integrantes de este grupo estarían convocando reuniones mediante panfletos, mensajes de WhatsApp y citaciones a juntas de acción comunal, donde exigen a los habitantes votar por un determinado candidato. El gobernador declaró: "Lo digo sin tapujos, están de manera descarada desde el miércoles de la semana pasada, constriñendo a la población pidiéndoles que voten por un candidato y les exigen que tomen foto al voto. A quien sospechen que no vota por su candidato, le cobrarán una multa de hasta $2.000.000 o tendrá que abandonar la región".
Municipios afectados
Las denuncias provienen de municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua. Los presidentes de las juntas de acción comunal estarían siendo obligados a identificar y controlar a los votantes en sus comunidades, lo que vulnera gravemente el derecho al voto libre y secreto.
Medidas insuficientes
Ante esta situación, la Gobernación convocó un consejo de seguridad con autoridades militares, policiales y organismos de control. Sin embargo, Ruiz consideró que las medidas adoptadas son insuficientes debido a la dispersión geográfica de los puestos de votación y las dificultades para garantizar presencia institucional en áreas rurales.
Llamado al Gobierno Nacional
Finalmente, el gobernador hizo un llamado al Gobierno Nacional para que adopte acciones más contundentes contra los grupos armados ilegales en la región. Cuestionó la efectividad de la política de paz total y aseguró que el control territorial de estas estructuras sigue afectando la seguridad y la participación democrática de los habitantes de Caquetá.
