Fedesarrollo aseguró que la crisis del sistema de salud colombiano no se resolverá eliminando las EPS, sino corrigiendo los problemas de financiamiento, incentivos y gobernanza que hoy afectan su operación. En un documento dirigido al Gobierno 2026-2030, el centro de estudios propuso una hoja de ruta gradual para recuperar la sostenibilidad financiera sin desmontar los avances alcanzados en cobertura y protección de los hogares.
El origen de la crisis: desfinanciamiento, no estructura
La entidad sostiene que el debate debe abandonar la discusión sobre reemplazar actores y concentrarse en corregir las fallas estructurales que explican el deterioro del sistema. Según el análisis, durante las últimas tres décadas Colombia elevó la cobertura de aseguramiento desde menos del 25 % hasta cerca del 99 % de la población, al tiempo que redujo de manera sostenida el gasto de bolsillo de los hogares. Sin embargo, advierte que el acceso y la cobertura crecieron a un ritmo superior al de los recursos destinados a financiarlos. Ese desbalance, señala el documento, es el origen de la situación actual.
Para Fedesarrollo, la discusión no debe plantearse entre refundar completamente el sistema o mantener sin cambios el modelo vigente, sino avanzar hacia una estrategia gradual que permita corregir el financiamiento y mejorar los incentivos sin poner en riesgo los logros acumulados.
Propuestas clave: ajustar la UPC y sanear deudas
La entidad propone que el próximo Gobierno reconozca la insuficiencia de los recursos destinados al sistema y avance en un ajuste progresivo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con criterios técnicos verificables que permitan reducir la brecha entre ingresos y costos. Fedesarrollo también sugiere sanear de manera ordenada las obligaciones existentes entre la Adres, las EPS, las IPS y los operadores farmacéuticos mediante un mecanismo de compensación multilateral que facilite la depuración de las deudas acumuladas durante los últimos años.
La propuesta señala además que mayores recursos, por sí solos, no resolverán la crisis. Considera indispensable reformar los incentivos para que los pagos respondan a indicadores relacionados con calidad, acceso y coordinación de la atención, acompañados por información pública que permita comparar el desempeño de los distintos actores.
Declaraciones de los expertos
“La corrupción existe y debe combatirse con severidad. Pero el deterioro del sistema no puede explicarse únicamente por la corrupción o la mala gestión: golpea incluso a entidades intervenidas por el propio Estado, y apunta a un problema mucho más estructural, un desbalance creciente entre lo que cuesta la salud y los recursos que la financian. Por eso el debate no debería ser refundar el sistema o defenderlo tal como está, sino corregir su financiamiento, sus incentivos y su gobernanza”, afirmó Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo.
“El error del debate es reducir el problema a un asunto de intermediación financiera. Lo que está en juego no es defender a un actor u otro, sino preservar una función económica esencial: la gestión del riesgo en salud, que coordina prevención y atención para mantener sana a la población y evitar complicaciones costosas”, afirmó David Bardey, profesor de Economía de la Universidad de los Andes y coautor del estudio. El docente añadió que “reemplazar esa función por un esquema centralizado de tarifas, sin construir algo mejor que la sustituya, deterioraría el acceso y la sostenibilidad. El reto no es suprimirla, sino rediseñar los incentivos para que premie los resultados en salud y no la simple contención de costos”.
Impacto en pacientes y prestadores
El diagnóstico presentado por Fedesarrollo muestra que el deterioro financiero ya tiene efectos sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. La siniestralidad, medida como la relación entre gastos e ingresos por UPC, alcanzó el 109,5 % durante 2025, mientras el patrimonio consolidado de las EPS registra un saldo negativo de $10,2 billones. Al mismo tiempo, la deuda con hospitales y clínicas llegó a $25,7 billones, una situación que, según el documento, compromete la prestación de servicios y la estabilidad de la red hospitalaria.
Los efectos también se reflejan en el acceso de los usuarios. Durante 2025 fueron radicadas 312.500 tutelas relacionadas con salud y se presentaron 1.932.664 reclamos por barreras de acceso a tecnologías y servicios, equivalentes al 92,6 % del total de reclamaciones registradas. El documento advierte igualmente un aumento del gasto de bolsillo de los hogares con menores ingresos. Entre 2023 y 2024, el quintil más pobre pasó de destinar el 7 % al 12 % de su ingreso familiar para cubrir gastos en salud, un incremento cercano al 71 %.
Desigualdades territoriales
La investigación también identifica profundas diferencias territoriales. Cerca de once departamentos, que representan el 45 % del territorio nacional y albergan aproximadamente 3,5 millones de habitantes, enfrentan una oferta insuficiente de servicios médicos, mientras el 45 % de los especialistas se concentra en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Ante ese panorama, Fedesarrollo propone que la política pública diferencie las soluciones según las condiciones de cada región. El documento plantea mantener un aseguramiento reformado en ciudades y municipios con suficiente capacidad instalada, mientras que en las zonas rurales y dispersas recomienda fortalecer la provisión directa del Estado mediante Centros de Salud Familiar Rural y el uso de telemedicina.
Llamado a una agenda fiscal sostenible
La hoja de ruta también plantea fortalecer los sistemas de información, mejorar las auditorías de la Adres, aumentar la transparencia de los indicadores de calidad y garantizar el abastecimiento de medicamentos mediante mecanismos que permitan inyectar liquidez al sector farmacéutico. Finalmente, Fedesarrollo advierte que el próximo Gobierno deberá construir una agenda fiscal explícita para responder al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas. Según el documento, ampliar compromisos de gasto sin una estrategia sostenible de financiación pondría en riesgo la estabilidad del sistema y los avances alcanzados durante las últimas décadas.
“La crisis ya no está en los balances: está en los hogares. El gasto de bolsillo del quintil más pobre subió cerca de 71 % en un solo año, y para muchas familias eso significa tener que elegir entre comprar un medicamento o la comida. Cuando el acceso efectivo depende de la capacidad de pago o de interponer una tutela, las desigualdades que el sistema había ayudado a reducir vuelven a ampliarse. Ese es el verdadero costo de no corregir a tiempo”, aseguró Jairo Núñez, investigador asociado de Fedesarrollo y coautor del documento.
