Chile inicia construcción de barreras fronterizas con Perú y Bolivia para frenar migración irregular
El presidente de Chile, José Antonio Kast, puso en marcha este lunes 16 de marzo la construcción de barreras físicas en la frontera con Perú, apenas cinco días después de haber asumido la presidencia del país. El mandatario de 60 años, quien sucedió al izquierdista Gabriel Boric, se trasladó personalmente a la región de Arica para supervisar el inicio de las obras cerca del paso fronterizo de Chacalluta.
Desde allí, frente a una excavadora militar que abría una profunda zanja, el líder ultraderechista declaró ante la prensa: "Hoy comenzamos a frenar la migración irregular", cumpliendo así con una de sus principales promesas de campaña electoral. Durante su campaña, Kast había prometido detener la migración irregular y expulsar a 33.000 personas indocumentadas del territorio chileno.
Barreras con una extensión de hasta 500 kilómetros
El plan de choque de su "gobierno de emergencia" contempla un plazo de 90 días para la instalación de estos obstáculos en una zona limítrofe que abarca 800 kilómetros en las regiones de Arica, Antofagasta y Tarapacá. Según detalló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las "barreras físicas" tendrán una extensión aproximada de 500 kilómetros, aunque no se precisó el tipo específico de infraestructura que se utilizará en todos los tramos.
Esta estrategia busca blindar puntos críticos como Colchane, en la frontera con Bolivia, que se ha consolidado como el principal acceso para los cerca de 337.000 indocumentados que viven actualmente en Chile, en su mayoría de nacionalidad venezolana. La medida forma parte de una política integral que incluye el despliegue militar reforzado con tecnologías de vigilancia como drones, cámaras y sensores en zonas fronterizas.
Proyectos de ley complementarios en el Parlamento
Kast justificó la medida al afirmar que en los últimos años "Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado". Para complementar estas acciones físicas, el Ejecutivo anunció el envío de dos proyectos de ley al Parlamento chileno:
- Un proyecto orientado a sancionar a quienes colaboren con el ingreso irregular de personas al territorio nacional
- Otro que busca tipificar como delito específico el acceso ilegal al territorio chileno
Estas iniciativas legislativas buscan crear un marco jurídico más estricto para combatir lo que el gobierno describe como una crisis migratoria que afecta la seguridad nacional.
Cifras que matizan el discurso oficial
A pesar de la retórica oficial que vincula directamente la migración con el aumento de la inseguridad y la llegada de bandas criminales internacionales como el Tren de Aragua, las cifras oficiales muestran un panorama más complejo y matizado. Según datos del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, los ingresos por pasos no habilitados registraron una "disminución sostenida" desde el año 2021.
Además, Chile mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de toda Latinoamérica, con apenas 5,4 por cada 100.000 habitantes en el año 2025. Esta cifra contrasta con la percepción de inseguridad que ha impulsado las políticas fronterizas del nuevo gobierno, generando debates sobre la relación real entre migración y criminalidad en el contexto chileno.
La construcción de estas barreras físicas representa un cambio significativo en la política migratoria de Chile, marcando una transición desde el gobierno anterior de Gabriel Boric hacia un enfoque más restrictivo y de control fronterizo estricto. Las obras continuarán durante los próximos tres meses, mientras el gobierno evalúa su efectividad y posible expansión a otras zonas fronterizas del país.
