Corte Suprema de Guatemala anula órdenes de captura contra diplomático y fiscal colombianos
En un fallo judicial de gran relevancia internacional, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha dejado sin efecto las órdenes de captura que pesaban sobre el embajador de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez, y la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo. La decisión, divulgada en las últimas horas por medios locales guatemaltecos, revoca completamente las medidas adoptadas a mediados de 2025 por una sala de apelaciones que había ordenado su detención.
Acusaciones basadas en trabajo anticorrupción
Las órdenes de captura habían sido emitidas bajo acusaciones de obstrucción a la justicia y tráfico de influencias, específicamente relacionadas con el trabajo que ambos funcionarios desarrollaron en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según la resolución inicial, Velásquez y Camargo habrían favorecido a empresarios vinculados al caso Odebrecht durante las investigaciones que adelantó la comisión internacional.
Sin embargo, la Cámara de Amparo del alto tribunal guatemalteco determinó que la sala que dictó esas órdenes "se extralimitó en el ejercicio de sus facultades al emitir ilegalmente órdenes de captura" y actuó fuera del marco legal correspondiente. El fallo judicial también estableció que, durante su labor en la CICIG, ambos funcionarios contaban con inmunidad por representar a un organismo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas.
Contexto histórico de la CICIG
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala funcionó entre 2007 y 2019 como un mecanismo internacional creado específicamente para investigar estructuras de corrupción dentro del Estado guatemalteco. Durante su existencia, las investigaciones adelantadas por esta comisión derivaron en numerosos procesos judiciales y condenas contra altos funcionarios y actores políticos del país centroamericano.
La CICIG fue cancelada en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales, cerrando así uno de los principales esfuerzos internacionales contra la corrupción en Guatemala. Diversos organismos internacionales habían interpretado las órdenes de captura contra Velásquez y Camargo como posibles represalias por el trabajo anticorrupción adelantado durante esos años.
Reacciones y contexto político actual
Tras conocerse la decisión judicial, Iván Velásquez se pronunció a través de sus redes sociales, señalando que "el contexto institucional en Guatemala podría estar cambiando", en referencia a la cercanía del fin del periodo de la fiscal general Consuelo Porras. En sus declaraciones, Velásquez mencionó específicamente que "a casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala".
Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de prácticas antidemocráticas, dejaría el cargo el próximo 16 de mayo, salvo que sea reelegida por el presidente Bernardo Arévalo. Cabe destacar que Porras mantiene una relación política tensa con Arévalo desde su intento de impedir su investidura hace dos años.
La anulación de las órdenes de captura representa un giro significativo en este caso que había generado preocupación internacional sobre el estado de la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala. El fallo reafirma la importancia de los mecanismos internacionales de cooperación judicial y establece precedentes sobre la inmunidad de funcionarios que participan en misiones internacionales respaldadas por organismos multilaterales.
