La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, habría incurrido en activismo político durante una entrevista concedida al medio local Metropole Radio y Televisión, en el programa Le Point, conducido por Wendell Theodore. En la conversación, la diplomática mencionó al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y se refirió a la reelección en Colombia, aludiendo al presidente Gustavo Petro.
Declaraciones de la embajadora
“Colombia ha cambiado. Colombia ha cambiado (…) La Constitución no permite que se reelija el presidente, pero tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”, afirmó Velásquez. Además, calificó a Cepeda como “un buen hombre” que “está con el pueblo” y expresó su deseo de que gane las elecciones para que pueda viajar a Haití a una celebración prevista para noviembre.
Respuesta de Iván Cepeda
El candidato Iván Cepeda reaccionó a través de su cuenta en X (antes Twitter) señalando: “De ser cierta esta información, en cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular. Corresponde a las autoridades competentes investigar disciplinariamente si se ha incurrido en estas conductas”.
Silencio de la Cancillería
Hasta el momento, la Cancillería colombiana no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso. Cabe recordar que en Colombia los servidores públicos tienen prohibido utilizar su cargo, recursos o autoridad para favorecer campañas, partidos o movimientos políticos. Hacerlo puede acarrear sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación, que van desde la destitución hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Contexto legal
La normativa colombiana establece que los funcionarios públicos deben mantener una estricta neutralidad política durante los procesos electorales. Cualquier intervención en proselitismo puede ser investigada y sancionada disciplinariamente. Este caso podría abrir un debate sobre los límites de la libertad de expresión de los diplomáticos y su deber de imparcialidad.
