España implementa regularización extraordinaria para migrantes irregulares
El Gobierno español ha aprobado mediante Real Decreto una medida histórica que permitirá la regularización de más de 500.000 personas que se encuentran en situación migratoria irregular dentro del país. Esta iniciativa, que no requiere aprobación parlamentaria, representa la octava regularización extraordinaria en la historia de España y la primera durante el mandato del presidente Pedro Sánchez.
¿Quiénes podrán acceder a esta regularización?
Según las estimaciones oficiales, la medida beneficiará a más de 500.000 personas de un total aproximado de 840.000 migrantes en situación irregular identificados por el centro de estudios Funcas. La población beneficiada está compuesta principalmente por ciudadanos latinoamericanos, quienes representan el 91% del total, con especial presencia de nacionalidades colombiana, peruana y hondureña.
Los requisitos fundamentales para acceder al beneficio incluyen:
- Haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025
- Acreditar al menos cinco meses de estancia continua en el país
- No contar con antecedentes penales registrados
Entre los documentos válidos para demostrar la residencia se encuentran certificados de empadronamiento, informes médicos, recibos de servicios básicos y comprobantes de envíos de dinero.
Plazos y procedimientos establecidos
El proceso de solicitud se abrirá el 16 de abril y permanecerá activo hasta el 30 de junio de 2026. La ministra responsable, Saiz, ha garantizado que el plazo para la admisión a trámite no superará los 15 días desde la presentación de la solicitud.
Un aspecto crucial de la medida es que la presentación de la solicitud implica la suspensión inmediata de procedimientos de retorno y órdenes de expulsión por motivos administrativos, incluyendo aquellos derivados de trabajar sin permiso legal.
Beneficios y limitaciones de la regularización
Una vez admitida la solicitud, la persona recibirá una autorización provisional de residencia que le permitirá:
- Trabajar legalmente en cualquier sector económico
- Acceder al sistema de asistencia sanitaria
- Ejercer su actividad laboral en cualquier punto del territorio español
Es importante destacar que esta regularización no implica la concesión de la nacionalidad española ni otorga derechos políticos como el voto. La autorización de residencia tendrá una validez inicial de un año, tras lo cual podrá solicitarse un permiso ordinario.
Reacciones políticas y sociales
La medida ha generado respuestas contrastadas entre los diferentes actores políticos y sociales:
El Partido Popular ha rechazado abiertamente la regularización, calificando las regularizaciones masivas como ilegales y defendiendo un enfoque caso por caso. Por su parte, Vox ha anunciado que llevará el decreto ante el Tribunal Supremo, argumentando que fomenta un "efecto llamada" y atenta contra la identidad nacional.
En el lado opuesto, la iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones sociales, religiosas y empresariales. La Conferencia Episcopal española ha celebrado la decisión, considerando que contribuye al "bien común" y reconoce la dignidad de las personas migrantes.
Los sectores de hostelería y agricultura han acogido positivamente la medida ante la escasez de mano de obra, aunque han solicitado que se complemente con programas de formación específicos para los migrantes regularizados.
Contexto histórico y próximos pasos
Esta regularización se enmarca en una tradición histórica española que incluye siete procesos anteriores, siendo el más reciente en 2005 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que benefició a más de 570.000 personas.
Tras su aprobación inicial mediante tramitación urgente, el texto del decreto pasará por audiencia pública, la elaboración de informes ministeriales y la revisión del Consejo de Estado, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
El sindicato policial Jupol ha expresado preocupación por el posible "impacto operativo y funcional" de la medida, señalando que las unidades de Extranjería ya se encuentran saturadas en gran parte del territorio español.
