Se afirma que la política comercial y de inversiones atraviesa una crisis en el ámbito multilateral. Durante la Ronda de Uruguay del GATT se creó la Organización Mundial del Comercio (OMC), y a la liberalización del comercio de mercancías (GATT) se sumaron los acuerdos de servicios (AGCS), propiedad intelectual (ADPIC) e inversiones (MIC), además de un sistema de solución de diferencias vinculante.
En el comercio de bienes, los países consolidaron aranceles máximos comprometiéndose a no superarlos, bajo riesgo de sanciones. En materia no arancelaria, se definieron disciplinas contra prácticas desleales. Sin embargo, el sector agropecuario quedó como el gran punto débil, permitiendo a los países desarrollados subsidios y ayudas internas que distorsionan la competencia.
En propiedad intelectual, se fijaron plazos mínimos de monopolio de 20 años para patentes y 50 para derechos de autor, bajo el argumento de incentivar la innovación. En servicios e inversión, los acuerdos se limitaron a listas positivas que congelan políticas públicas. Para resolver disputas, se creó el Órgano de Solución de Diferencias, cuyos laudos eran obligatorios. Este funcionó hasta 2022, cuando Estados Unidos bloqueó el nombramiento de sus representantes, dejándolo inoperante.
No obstante, los acuerdos de protección de inversiones siguen vigentes. Cada tratado incluye excepciones al trato nacional y a la cláusula de nación más favorecida, permitiendo profundizar negociaciones en TLC o acuerdos de protección recíproca de inversiones (APRIS). En los APRIS, se reforzó la protección de monopolios intelectuales y se introdujeron listas negativas en servicios e inversión, liberalizando todo lo no exceptuado. Lo más relevante es que las diferencias pueden resolverse en tribunales de arbitraje como el CIADI, cuyos laudos son de obligatorio cumplimiento.
Estos tratados no incluyen normas de competencia para controlar abusos de posición dominante, especialmente en sectores como salud o agroquímicos, donde los precios no se fijan por oferta y demanda sino por margen, afectando a la población y la soberanía alimentaria. En cuanto a aranceles, las decisiones de Estados Unidos han socavado la seguridad jurídica y comercial, pero los acuerdos de inversión persisten.
La pregunta clave para los candidatos presidenciales es: ¿continuarán, renegociarán o denunciarán estos acuerdos? Existen falacias y falta de comprensión de la realidad global. ¿Qué hacer al respecto?
