Gobierno británico evalúa expulsar al expríncipe Andrés de la línea sucesoria real
El Gobierno del primer ministro Keir Starmer en el Reino Unido está analizando seriamente la posibilidad de introducir una legislación especial que permita la expulsión del expríncipe Andrés de la línea de sucesión al trono británico, según han revelado diversos medios de comunicación británicos este viernes.
Investigación por vínculos con Jeffrey Epstein
Esta medida radical se plantea como consecuencia directa de la investigación en curso sobre las sospechas de que Andrés Mountbatten-Windsor, tercer hijo de la difunta reina Isabel II y actualmente octavo en la línea de sucesión, compartió información confidencial con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La situación ha generado un intenso debate constitucional sobre los límites de la inmunidad real frente a comportamientos considerados perjudiciales para la institución monárquica.
A pesar de haber sido despojado formalmente de sus títulos militares y el tratamiento de Alteza Real en 2022, el expríncipe Andrés mantiene su posición en el orden sucesorio, un estatus que ahora podría verse definitivamente revocado mediante acción parlamentaria. Los analistas políticos señalan que esta iniciativa representaría un precedente histórico en las relaciones entre el gobierno y la corona británica.
Consecuencias constitucionales
La posible ley, que requeriría aprobación tanto en la Cámara de los Comunes como en la de los Lores, abordaría específicamente las circunstancias excepcionales que rodean el caso del duque de York. Expertos en derecho constitucional destacan que modificar la línea de sucesión normalmente implicaría cambios complejos en múltiples legislaciones, incluyendo el Acta de Establecimiento de 1701 y el Acta de Sucesión a la Corona de 2013.
Las investigaciones periodísticas han documentado extensamente los vínculos entre el expríncipe Andrés y Jeffrey Epstein, incluyendo visitas a propiedades del financiero estadounidense y múltiples encuentros sociales. Estos hallazgos han aumentado la presión pública y política para que se tomen medidas más contundentes más allá de la pérdida de patrocinios reales y deberes públicos.
El caso continúa desarrollándose mientras el gobierno laborista evalúa los mecanismos legales disponibles y las implicaciones diplomáticas de una decisión que afectaría directamente a la estructura tradicional de la monarquía británica.
