Israel reanuda el registro de tierras en Cisjordania tras 57 años paralizado
El gobierno israelí aprobó este domingo reanudar el registro de tierras en Cisjordania, un proceso que había permanecido paralizado desde 1967 cuando Israel ocupó este territorio palestino durante la Guerra de los Seis Días. Esta decisión ha sido calificada por críticos y organizaciones internacionales como una violación del derecho internacional y un paso más hacia la anexión definitiva de Cisjordania.
¿Qué implica el registro de tierras y por qué es polémico?
El registro de tierras es el procedimiento mediante el cual se determina de forma oficial la propiedad de los terrenos ante el Estado. Israel paralizó este proceso en 1967 porque, como potencia ocupante, no puede ejercer soberanía sobre territorios ocupados según las normas internacionales. La reanudación ahora significa que un órgano gubernamental israelí administrará tierras en Cisjordania, algo que hasta ahora dependía de la Administración Civil, un organismo militar.
"Lo que están haciendo es implementar la anexión, presentándola como un mero proceso burocrático", declaró a Al Jazeera el analista político Xavier Abu Eid. Según expertos, a mayor registro como propiedad estatal israelí del territorio palestino, mayor será la aplicación de su soberanía en materia de seguridad, expansión de asentamientos y otras restricciones que limitan la movilidad y permanencia de los palestinos.
Impacto directo en la población palestina
La medida se aplicará específicamente en el Área C de Cisjordania, que abarca el 60% del territorio total y donde viven entre 185.000 y 300.000 palestinos, además de más de 325.500 colonos israelíes distribuidos en más de 225 asentamientos. El gobierno israelí busca regularizar como tierras estatales al menos el 15% de este territorio sin registrar hasta 2030.
Michal Braier, investigadora de la ONG israelí Bimkom, explica que ahora "los propietarios palestinos de las tierras tienen que acudir a la burocracia israelí y mostrar los registros y probar que la tierra es realmente suya", lo que supone una barrera legal casi inalcanzable para muchos. Según datos de Bimkom, cuando se aplicó un proceso similar en Jerusalén Este desde 2018, solo el 1% de las tierras se registraron para palestinos.
Tensión en las relaciones internacionales
La decisión israelí ha generado indignación y condena internacional. Egipto, Catar, la Unión Europea y Jordania han exigido a Israel que revoque la aprobación del proceso. El rey Abdalá II de Jordania señaló que esta medida socava los esfuerzos para restaurar la paz y exacerba el conflicto.
La relación entre Jordania e Israel, regulada por un tratado de paz firmado en 1994, se ve particularmente amenazada. Según Abu Eid, "la decisión del gabinete israelí es un asunto serio y delicado para Jordania, particularmente si miles de personas son desplazadas por la fuerza de Cisjordania". Israel ha estado actuando contra los principios de este acuerdo de paz durante años, y las acciones militares en Cisjordania sumadas a la guerra en Gaza amenazan la estabilidad regional.
Precedentes y contexto histórico
No es la primera vez que Israel implementa una norma de este estilo. En 2018 se aplicó sobre tierras en Jerusalén Este, territorio que ocupa desde 1967 y se anexionó en 1980. Según Bimkom, el registro de tierras se ha llevado a cabo mayoritariamente en áreas designadas para nuevos asentamientos israelíes o la expansión de los ya existentes.
El proceso funciona bajo un sistema legal que organizaciones de derechos humanos califican como discriminatorio y opaco, diseñado más para "arrebatar a los palestinos de sus derechos de propiedad que para asegurarlos". La presión pública en Jordania ha sido constante: en 2014 y 2024, activistas y ciudadanos jordanos salieron a las calles para pedir al gobierno que rompiera relaciones con Israel debido a su continua agresión en Palestina.
La reanudación del registro de tierras en Cisjordania representa otro capítulo en el prolongado conflicto israelí-palestino, profundizando lo que muchos observadores internacionales consideran una anexión de facto que contradice numerosas resoluciones de la ONU y fallos de la Corte Internacional de Justicia.
