Perú se consolida como el país más demandado ante el Ciadi en América Latina
Con la incorporación de dos nuevos casos durante los primeros meses de 2026, Perú ha recuperado el primer lugar entre los países latinoamericanos con más disputas activas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). El país andino registra actualmente 23 controversias en curso, superando a México que contaba con 21 casos hasta enero de este año.
Nuevas controversias del sector energético
Los dos expedientes que han impulsado a Perú a la cima del ranking corresponden al sector energético, un ámbito particularmente sensible en el contexto actual. El primero fue presentado el 22 de enero por Upland Oil contra Petroperú, alegando descalificación injustificada para operar el Lote 192 durante 2025. Esta empresa ya había enfrentado anteriormente a la entidad peruana en el Ciadi en 2023.
El segundo caso, registrado el 10 de febrero, involucra a Blue Water Worldwide LLC junto a otras doce empresas estadounidenses que reclaman un pago excesivo del impuesto sobre ganancias de capital tras una venta realizada en 2019 a Bogotá Energy Group. Esta controversia se ampara bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos.
Expertos analizan la tendencia creciente
Ricardo Ampuero, especialista en arbitrajes internacionales, explicó que "el sector energía es uno de los más regulados en Perú, lo que hace que cualquier cambio regulatorio pueda derivar en disputas complejas". El experto añadió que se ha vuelto relativamente común que controversias tributarias se lleven al plano internacional por inversionistas extranjeros.
Por su parte, Fabio Núñez del Prado, socio en Rebaza, Alcázar & De Las Casas, coincidió en que las disputas tributarias resueltas en instancias internacionales están en tendencia ascendente. "Muchos inversionistas consideran que Sunat ha sido arbitrario con ellos. El caso más emblemático es el de Telefónica, pero no es el único", señaló el experto.
Problemas de cumplimiento en pagos de laudos
Un aspecto preocupante que ha emergido recientemente son las quejas por impago oportuno de laudos favorables a empresas. En marzo, Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes) demandó a Perú ante la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos para ejecutar un laudo del Ciadi por 99.4 millones de dólares.
Similar situación enfrenta Lupaka Gold, que exige 68.6 millones de dólares tras ganar un arbitraje relacionado con la paralización de su proyecto minero Invicta en 2018. En diciembre, otra corte estadounidense determinó que Perú no había cumplido con pagar 91 millones de dólares a Kuntur Wasi, empresa vinculada al Aeropuerto Internacional de Chinchero, deuda que fue honrada finalmente en enero.
La "cláusula Ciadi" como factor determinante
Ampuero destacó un elemento clave que explica el alto número de casos peruanos: la llamada "cláusula Ciadi", una inclusión en grandes contratos que ha caracterizado al Perú para atraer inversiones. "Como consecuencia de ello, numerosas controversias contractuales terminaron registrándose en el Ciadi", explicó el especialista.
Según datos de ProInversión, el 71% de los contratos de Asociaciones Público-Privadas en Perú designan al Ciadi como institución competente para resolver controversias. Sin embargo, Ampuero aclaró que de los 23 casos activos, solo 14 se tramitan bajo tratados de inversión, lo que ubicaría a Perú en tercer lugar detrás de México y Colombia si se considerara exclusivamente este criterio.
Impacto económico y perspectivas futuras
El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 del gobierno peruano estima que los arbitrajes, incluidos los del Ciadi y otras disputas legales, representan una exposición máxima del 9.28% del PBI, equivalente a aproximadamente 30,000 millones de dólares. Esta cifra correspondería al escenario en que Perú perdiera todos los casos pendientes.
Núñez del Prado explicó que un aspecto atractivo del Ciadi es que, en virtud del Convenio de Washington, sus laudos son ejecutables en casi todas las jurisdicciones del mundo sin necesidad de procesos adicionales de exequátur. Esto facilita a los inversionistas identificar activos disponibles del país demandado para ejecutar los fallos.
Ampuero concluyó resaltando que, desde la perspectiva de política pública, "lo importante es que el Estado mantenga señales claras de cumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual ha sido una constante en la práctica peruana", aunque reconoció que los desembolsos de recursos públicos están sujetos a procedimientos administrativos que pueden generar desfases temporales.
