Nueva política migratoria de Trump permite detener refugiados legales
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió un memorando que amplía significativamente las facultades de las autoridades federales de inmigración para detener y arrestar a refugiados legales que, después de un año en el país, no hayan obtenido la residencia permanente.
Cambio radical en el tratamiento de refugiados
El documento, firmado por Joseph Edlow, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., y Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, establece que:
- Los agentes de inmigración pueden "arrestar y detener" a refugiados que no hayan ajustado su estatus a residente permanente legal tras un año de admisión
- La admisión de refugiados se considera condicional y está sujeta a revisión obligatoria después de doce meses
- Quienes sean detenidos pueden permanecer bajo custodia durante todo el proceso de inspección y examen
Esta directriz revoca completamente la política anterior, que no consideraba la falta de residencia permanente como motivo automático para detención o deportación, y que exigía la liberación de refugiados arrestados en 48 horas o el inicio de procedimientos formales de deportación.
Nueva interpretación de "retorno voluntario a custodia"
El memorando introduce un concepto controvertido al indicar que "los refugiados pueden ser considerados como que han regresado voluntariamente a custodia" cuando presentan documentación relacionada con su solicitud y acuden a citas programadas con autoridades migratorias.
Según el documento, la política anterior "creó una población de refugiados condicionales que no habían sido reevaluados por completo, con riesgos asociados para la seguridad pública y nacional". El nuevo requisito de detener e inspeccionar busca garantizar que todos los refugiados sean reevaluados sistemáticamente después de su primer año en el país.
Reacciones y contexto legal
Organizaciones dedicadas al reasentamiento de refugiados han criticado severamente la medida. Beth Oppenheim, directora ejecutiva de HIAS, declaró a CNN: "Este memorando se hizo en secreto, sin ninguna coordinación con las organizaciones que atienden a refugiados. Esta política es un intento transparente de detener y potencialmente deportar a miles de personas que están legalmente en este país".
El memorando forma parte de un expediente judicial en un caso federal en Minnesota, donde un juez bloqueó temporalmente al Gobierno de Trump de actuar contra aproximadamente 5.600 refugiados legales que esperan la residencia permanente en ese estado.
La medida representa un endurecimiento significativo de la política migratoria estadounidense hacia refugiados que ya habían sido admitidos legalmente en el país después de exhaustivos procesos de evaluación.
