La Resolución 2057 de 2025: Un ajuste catastral que desató la ira rural en Santander
Los bloqueos que paralizaron a Santander y afectaron al país entero no son simples caprichos del destino. Representan el grito desesperado de una ruralidad profundamente herida por la Resolución 2057 de 2025, un instrumento normativo que ordenó ajustes automáticos y masivos de avalúos catastrales en 527 municipios a nivel nacional, incluyendo 68 en el departamento de Santander.
Un reconocimiento oficial de injusticias
El propio director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha admitido públicamente que se cometieron injusticias significativas en el proceso. La resolución pretendió tasar la tierra desde escritorios burocráticos, sin realizar inspecciones físicas adecuadas, ignorando completamente:
- La realidad productiva de cada predio
- Las condiciones físicas específicas del terreno
- La capacidad económica real de los campesinos
Este enfoque equiparó de manera absurda el surco trabajado por el campesino con la especulación inmobiliaria urbana, generando una distorsión catastral sin precedentes.
El contexto de una deuda histórica
Nadie discute que Colombia arrastra un rezago catastral crónico que requiere atención urgente. Es fundamental que los latifundios improductivos tributen adecuadamente para financiar el desarrollo local. Sin embargo, esta misión exige:
- Rigor técnico en las valoraciones
- Seguridad jurídica para los propietarios
- Procesos participativos y transparentes
La improvisación nacida del Artículo 49 de la Ley 2294 (Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro) ha demostrado ser contraproducente. Bajo el pretexto de cumplir el Punto 1 del Acuerdo de Paz con las FARC, se ha intentado imponer una visión ideológica en el campo que está generando más problemas que soluciones.
Consecuencias devastadoras para el pequeño productor
La actualización catastral es una deuda histórica con el campo colombiano, pero implementarla "a las malas" constituye una traición al campesinado. No se protege al productor rural imponiéndole avalúos millonarios que:
- Lo expulsan de los subsidios estatales
- Lo obligan a vender su parcela para evitar la mora fiscal
- Comprometen su supervivencia económica básica
Si el objetivo real es combatir la acumulación excesiva de riqueza, existen mecanismos jurídicos directos y específicos. Arremeter contra el pequeño productor basándose en resentimientos sociales representa, simplemente, un error histórico de graves proporciones.
Una alerta para las zonas urbanas
A quienes en las ciudades observan esta situación con indiferencia, les corresponde una advertencia clara: el programa oficial de actualización catastral tiene etapas programadas. Hoy afecta principalmente al campo, pero mañana podrían ser los predios urbanos y centros poblados los siguientes en la lista. La solidaridad hoy puede prevenir la desolación mañana.
Reflexiones sobre las formas de protesta
Un mensaje dirigido a los manifestantes: aunque los bloqueos nacen de una rabia legítima y comprensible, vulneran derechos ajenos y fracturan la economía regional y nacional. No podemos permitir que las protestas de 2019 y 2021 se conviertan en nuestro único lenguaje político. Los derechos propios encuentran su límite natural donde comienzan los derechos del vecino.
Un llamado al Ejecutivo
Finalmente, el gobierno nacional debe abandonar la tentación autoritaria de amenazar con destituciones de gobernadores y alcaldes que no competen a su esfera de acción. Este autoritarismo estéril solo genera dos resultados preocupantes:
- El miedo creciente a una dictadura disfrazada de cambio
- La urgencia nacional de buscar alternativas políticas diferentes
Colombia necesita con urgencia un liderazgo democrático que respete la dignidad de quienes labran la tierra, no decisiones unilaterales que condenen al campesino al desahucio mediante resoluciones administrativas. Ha llegado el momento de la reflexión seria: menos promesas incumplidas y más acciones concretas que beneficien realmente al campo colombiano.
