Crisis sin precedentes en el Parque Tayrona: amenazas y posible cierre total
El Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia, atraviesa una de las situaciones más críticas de su historia reciente. Las autoridades ambientales y de seguridad evalúan la posibilidad de un cierre total del parque debido al escalamiento de tensiones territoriales, amenazas directas contra funcionarios y la posible influencia de grupos armados en la disputa por el control del territorio.
Escenario de seguridad nacional
El procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Ramón Laborde, confirmó que el conflicto ya representa un riesgo directo para guardaparques, trabajadores y visitantes. "Se presentó una situación de fuerza contra funcionarios del parque. Algunos líderes intentaron suplantar la autoridad y tomar la taquilla para recaudar el ingreso de visitantes. Esto es muy grave", advirtió el funcionario.
La situación alcanzó tal nivel de gravedad que Parques Nacionales Naturales estudia restringir completamente el acceso al Tayrona, dejando habilitada únicamente la zona de Bahía Concha, mientras se restablecen las condiciones de seguridad mínimas necesarias para operar.
Origen del conflicto y escalada
Las tensiones se intensificaron tras el operativo de demolición ejecutado por autoridades nacionales contra una construcción turística levantada dentro del parque, proyecto impulsado por líderes comunitarios del Zaino bajo la figura de economía comunitaria. Desde entonces, los enfrentamientos verbales y bloqueos han sido constantes, creando un clima de confrontación abierta.
Según las autoridades, indígenas y campesinos están siendo instrumentalizados dentro del proyecto turístico que busca controlar los accesos y la recaudación del parque. Videos difundidos recientemente mostraron turistas caminando por caminos inundados luego de que, presuntamente, miembros de la Junta de Acción Comunal tomaran la taquilla y permitieran el ingreso irregular.
Posición de las comunidades y reclamos históricos
Desde la otra orilla, líderes campesinos e indígenas aseguran que el conflicto responde a años de exclusión en la administración y toma de decisiones en el parque. Paulo Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Zaino, sostiene que la infraestructura demolida fue informada mediante oficio al Ministerio de Ambiente y representaba una inversión millonaria destinada a fortalecer el turismo comunitario.
Según las comunidades, Parques Nacionales administra la reserva sin generar beneficios reales para quienes históricamente han habitado el territorio. Julián Nolavita, Santiago Nolavita y el mamo kogui José Martín Zalavata calificaron la demolición como un atropello y exigen mayor autonomía en la toma de decisiones.
La sombra de grupos armados y financiación ilegal
Uno de los puntos más sensibles de la investigación gira alrededor de cómo camiones con materiales de construcción ingresaron a una zona restringida y avanzaron hasta casi finalizar un complejo turístico. Las autoridades analizan si detrás del proyecto existe financiación ilegal o respaldo de estructuras armadas interesadas en controlar la economía turística del parque.
"Cuando se observa una inversión de cientos de millones, uno entiende que no se trata solo de una referencia simbólica a grupos ilegales", señaló el procurador Laborde. La hipótesis oficial apunta a que actores armados podrían estar utilizando el discurso comunitario para posicionarse dentro de futuras rentas turísticas.
Impacto económico y desigualdades regionales
El conflicto también revive una vieja discusión económica: quién se beneficia realmente del Tayrona. El parque recibió más de 818.000 visitantes en 2025, consolidándose como una de las áreas protegidas más visitadas del país. Solo en boletería genera entre $350 y $400 millones diarios, con ingresos anuales estimados entre $28.000 y $40.000 millones.
A esto se suma una derrama económica cercana a $120.000 millones anuales en turismo para Santa Marta y su zona de influencia. Sin embargo, esos recursos ingresan al sistema ambiental nacional y no permanecen directamente en la región, lo que ha alimentado reclamos históricos de comunidades y empresarios locales que exigen inversión visible en vías, servicios públicos y seguridad.
Decisión inminente sobre el cierre
Ante el deterioro del orden público y las condiciones ambientales adversas, las autoridades evalúan un cierre preventivo del parque en sus accesos principales: El Zaino, Calabazo y Neguanje. La decisión dependerá de Parques Nacionales y del Ministerio de Ambiente, mientras avanzan verificaciones judiciales para establecer posibles delitos relacionados con intimidación, ocupación ilegal y suplantación de funciones públicas.
El mamo José Martín Zalavata declaró públicamente que las comunidades están dispuestas a llegar "hasta las últimas consecuencias" y llamó a mantenerse en resistencia hasta obtener respuestas por las pérdidas económicas derivadas de la demolición. Incluso, en declaraciones a medios, se mencionó la posibilidad de represalias violentas contra quienes intenten expulsarlos del territorio.
Un paraíso natural en la encrucijada
Por ahora, el Tayrona permanece en un punto crítico. Un santuario natural que durante años fue símbolo de equilibrio entre conservación y turismo enfrenta hoy una disputa por poder, territorio y dinero que amenaza con apagar temporalmente uno de los motores turísticos más importantes de Colombia.
Mientras autoridades, comunidades e indígenas mantienen posiciones irreconciliables, crece la expectativa e incertidumbre sobre el tiempo que podría extenderse el cierre del parque Tayrona y sus consecuencias para la economía regional y la conservación ambiental de esta joya natural colombiana.
