Fallo judicial desnuda adquisición irregular de predios por parte de Drummond en el Cesar
En una decisión histórica, el Tribunal Superior de Cartagena ordenó la cancelación de los negocios jurídicos mediante los cuales la multinacional minera Drummond adquirió 15 predios en el departamento del Cesar, tras comprobarse que formaban parte de una cadena de despojo de tierras durante el conflicto armado.
Los detalles del fallo de 198 páginas
El documento judicial, de extensión considerable, establece que Drummond no realizó la debida diligencia para investigar el pasado de los terrenos que compró a principios de la década de 2000. Estos predios, ubicados en los municipios de El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná, presentaban antecedentes de violencia paramilitar que desplazó a sus legítimos propietarios.
Según el tribunal, las familias originales de estos terrenos tuvieron que vender sus propiedades bajo condiciones de miedo y presión durante la expansión paramilitar en la Costa Caribe a finales de los noventa y comienzos del siglo XXI. Los compradores de entonces posteriormente negociaron la venta de estos mismos predios con la empresa minera.
El proyecto minero afectado
Los terrenos en cuestión forman parte del proyecto "La Loma", fundamental para las operaciones de Drummond en la región. La empresa argumentó en su defensa que estas adquisiciones le permitieron ejecutar el contrato de explotación minera número 144-97, suscrito con la Agencia Nacional de Minería en 1997 y vigente hasta 2039.
Este contrato autoriza a Drummond para:
- Actividades de explotación minera
- Producción de carbón
- Transporte del mineral
- Exportación del producto
El área del proyecto abarca 6.560 hectáreas, equivalentes a más de 9.100 canchas de fútbol, donde para 2020 se habían producido 7,8 millones de toneladas de carbón.
Contexto regional y proyecto hermano
Cerca de "La Loma" se encuentra el proyecto "El Descanso", ubicado en los municipios de Becerril, Agustín Codazzi, El Paso, La Jagua de Ibirico y Chiriguaná. Esta operación minera, iniciada en 2009, cubre 31.559 hectáreas (aproximadamente 44.200 canchas de fútbol) y produjo 21,4 millones de toneladas de carbón hasta 2020.
La importancia económica de estos proyectos es considerable. En 2019, el gobierno nacional confirmó la ampliación por 20 años del contrato de explotación de "La Loma", decisión tomada tras más de tres años de negociaciones y con conceptos favorables del Consejo de Estado y la Procuraduría.
Impacto económico versus derechos de las víctimas
La extensión del contrato generará al Estado colombiano más de 586 millones de dólares durante el periodo de prórroga, provenientes de regalías, aportes fiscales y recursos para inversión social. Actualmente, "La Loma" genera alrededor de 4.000 empleos directos y 36.000 indirectos.
Sin embargo, el fallo judicial subraya la contradicción entre los beneficios económicos y la falta de diligencia en la adquisición de los predios. Los terrenos, que alguna vez fueron hogares y fincas agrícolas, hoy son utilizados como botadero de sobrantes mineros, imposibilitando su restitución material a las víctimas.
Compensación y representación legal
Las víctimas del despojo, representadas por la Comisión Colombiana de Juristas y la Unidad de Restitución de Tierras (URT), recibirán compensación por la pérdida de sus propiedades. Los predios han sido traspasados a la URT, aunque su estado actual -transformado por la actividad minera- hace inviable su devolución física.
Este caso evidencia cómo la bonanza minera en el Cesar, que representa aproximadamente el 27% del carbón producido en el departamento y cerca del 15% de la producción nacional, se desarrolló sobre terrenos con un pasado marcado por la violencia del conflicto armado.
