La batalla por un paraíso caribeño: 25 años de ocupación irregular en Islas del Rosario
En el exclusivo archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y San Bernardo, el Estado colombiano enfrenta una batalla jurídica que combina indignación y sátira contra un empresario que durante un cuarto de siglo ha disfrutado y lucrado de un predio baldío de la Nación.
El empresario que convirtió baldío nacional en negocio turístico de lujo
Andrés Jorge Lisocky Fryde, empresario caleño y representante legal de Inversiones Piamonte, quien fuera uno de los financiadores de la campaña 'Santos Presidente' en 2010, ha mantenido control sobre 'Isla Fiesta', un predio de aproximadamente 600 metros cuadrados en las paradisiacas Islas del Rosario.
Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre 2002 y 2006 Lisocky Fryde ocupó el predio de manera irregular. Posteriormente, a partir de 2007, el extinto Incoder le entregó en arrendamiento este espacio insular, estableciendo un contrato que rigió hasta diciembre de 2023 con un pago mensual de apenas $220.430 pesos.
Un canon que no corresponde al valor real del paraíso
La situación se complica cuando la ANT, tras una actualización técnica, determinó que el valor real del canon para este espacio exclusivo debería rondar los 11 millones de pesos mensuales. Sin embargo, el ocupante se negó a pagar esta suma y a devolver el predio baldío al Estado.
"La diferencia es un abismo que, multiplicado por años, representa un detrimento patrimonial silencioso a la nación", señaló la Agencia Nacional de Tierras sobre este caso que ha convertido a 'Isla Fiesta' en símbolo de la fragilidad del patrimonio público en la zona insular.
La explotación turística millonaria con arriendo paupérrimo
Mientras el empresario pagaba menos de un cuarto de millón de pesos mensuales, personalidades como él se lucraban con el alquiler para estadías de lujo donde turistas extranjeros pagan entre uno y dos millones de pesos por noche. El predio se ha utilizado para fines de "habitación, recreación y ecoturismo" sin los permisos correspondientes tras el vencimiento del contrato.
Recuperación efímera y revocatoria judicial
Pese a que el contrato venció en diciembre de 2023 y la ANT exigió la entrega del predio, tras agotarse el plazo de dos meses para la entrega voluntaria, Lisocky Fryde se negó a abandonar el predio. La ANT procedió a la recuperación material del bien el 27 de enero de 2026, empleando sus facultades de policía administrativa y apoyo de la fuerza pública.
Sin embargo, lo que parecía una victoria del Estado terminó siendo un esfuerzo efímero. El Tribunal Administrativo de Bolívar, bajo la ponencia del magistrado Moisés Rodríguez, revocó la decisión de un juez de Cartagena que había declarado improcedente una tutela del empresario, y amparó el derecho al debido proceso, ordenando a la ANT devolver el paraíso baldío al empresario en un plazo de 48 horas.
Un caso que refleja un problema sistémico
El caso de 'Isla Fiesta' no es un evento aislado. Forma parte de un paquete de hallazgos de la Contraloría General de la República que evidenció una desidia histórica en la protección de los archipiélagos del Rosario y San Bernardo, donde han sido recuperados una veintena de predios donde operaban lujosos hoteles y casas de playa.
"Es lamentable que este tipo de contratos hayan favorecido históricamente a empresarios y personas influyentes, que han pagado arriendos irrisorios por bienes públicos mientras en el mercado turístico explotan tarifas millonarias", señaló Juan Felipe Hartman, director de la ANT.
La nueva acción de tutela del Estado
La Agencia Nacional de Tierras ha interpuesto una nueva acción de tutela en defensa de la correcta administración de los bienes de la Nación, argumentando que su actuación no es caprichosa, sino una respuesta a los deberes legales impuestos por los entes de control fiscal.
Según la ANT, entre 2023 y 2025, Lisocky Fryde se negó a pagar por el uso de la isla, profundizando el conflicto jurídico que hoy tiene en vilo el destino de este paraíso caribeño.
Hoy, 'Isla Fiesta' es el campo de batalla donde se mide si la prioridad del Estado es proteger el bolsillo de particulares millonarios o recuperar el patrimonio de todos los colombianos. Mientras el empresario insiste en volver a su refugio caribeño, la Nación se pregunta cuántos paraísos más como este siguen concesionados por el precio de una propina.
EL TIEMPO buscó al empresario en reiteradas oportunidades para conocer su versión de este largo proceso jurídico, pero no hubo respuestas.
