El robo de tierras se consolida como negocio criminal en Soledad
En el municipio de Soledad, ubicado en el área metropolitana de Barranquilla, el robo de tierras ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una problemática estructural que opera con métodos sistemáticos y organización criminal. Las autoridades locales enfrentan una batalla constante contra redes especializadas que invaden predios tanto públicos como privados, lotifican ilegalmente y venden a familias desprevenidas.
Un crecimiento desordenado que facilita la ilegalidad
El secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, reconoce que el municipio "ha venido creciendo de manera desorganizada y desproporcionada", situación que ha abierto las puertas a ocupaciones ilegales en espacios destinados a proyectos comunitarios esenciales. Entre los terrenos afectados se encuentran áreas proyectadas para la ampliación del hospital materno infantil, construcción de subestaciones eléctricas, comando de la Policía Metropolitana, parques, canchas y colegios.
La magnitud del problema es tal que las propias autoridades admiten no contar con un registro preciso de cuántos predios han sido ocupados ilegalmente. La Operación "Gaia" realizada en 2025 reveló el alcance de estas redes, con la captura de diecisiete personas, incluyendo funcionarios y exfuncionarios, involucrados en la apropiación ilegal de más de 277 mil metros cuadrados de tierra valorados en aproximadamente 22 mil millones de pesos.
Métodos de operación: engaño, presión y ausencia de responsables
Las estructuras criminales operan con un patrón repetitivo: primero limpian el terreno, luego lo rellenan y finalmente comienzan las construcciones básicas. "Hemos visto que comienzan poco a poco. Un día hacen limpieza, al siguiente empiezan a rellenar. Cuando intervenimos, los responsables no están", explica el secretario Valencia.
Esta estrategia de ausencia deliberada complica enormemente la labor de las autoridades, quienes al llegar a los predios solo encuentran a personas construyendo o familias que compraron los lotes sin conocer su origen irregular. Valencia relata un caso emblemático: "Durante una visita que hice en Semana Santa encontré personas construyendo. Se les advirtió que no podían continuar, pero siguieron trabajando. Tuvimos que regresar con una inspectora para suspender formalmente la obra".
Zonas de alto riesgo convertidas en botín criminal
Una parte preocupante de estas invasiones ocurre en áreas que no son aptas para vivienda, como terrenos cercanos a arroyos peligrosos o bajo torres de alta tensión. En el barrio Ríos de Agua Viva, por ejemplo, se detectaron construcciones en un sector con alto riesgo eléctrico que requirieron intervención y sellamiento por parte de las autoridades.
Incluso espacios estratégicos como el lote destinado a la ampliación del hospital materno infantil y el terreno proyectado para una subestación eléctrica han sido blanco de intentos de ocupación, requiriendo operativos con presencia de fuerza pública para frenar los avances ilegales.
Redes criminales con nombres propios
Las investigaciones señalan que detrás de estas acciones hay estructuras organizadas como Los Pepes y Los Costeños, que utilizan mecanismos de intimidación y extorsión para asegurar el control territorial. "Detrás de quienes aparecen como supuestos dueños hay organizaciones criminales que operan en el municipio y en el área metropolitana. Ellos son los que realmente controlan estas ocupaciones", afirma el secretario de Gobierno.
Este entramado criminal permite que el negocio se mantenga activo: mientras unos ocupan los terrenos, otros los venden, dejando en medio a familias estafadas y en condición de vulnerabilidad. Las autoridades insisten en que continuarán los operativos y que las denuncias ya están en manos de la Fiscalía, aunque reconocen que la magnitud del problema supera su capacidad de respuesta inmediata.
La combinación del crecimiento desordenado del municipio con la acción sistemática de redes criminales especializadas mantiene un escenario de constante tensión en Soledad, donde el derecho a la propiedad y la planificación urbana se ven seriamente comprometidos por este lucrativo negocio ilegal.
