El sistema legal colonial: leyes nacidas de peticiones de vasallos
Antes de la independencia de Colombia, no existían cuerpos políticos representativos en el territorio americano, y ningún habitante de las Indias fue jamás convocado ante las Cortes estamentales españolas. ¿Cómo se elaboraban entonces las leyes que regían estos dominios? La respuesta se encuentra en un mecanismo peculiar: la expedición de reales cédulas, documentos reales que, sin embargo, no surgían de la iniciativa unilateral de la corona, sino que eran el resultado directo de peticiones formuladas por los propios vasallos.
Los habitantes de las Indias solicitaban al rey, principalmente, desagravios y el remedio de la justicia. Esta dinámica explica la proliferación de numerosas reales cédulas destinadas a la protección de las poblaciones indígenas durante el período colonial. El proceso no era abstracto; respondía a necesidades y conflictos concretos planteados desde el territorio.
La petición que cambió Bucaramanga: vecinos contra el resguardo indígena
Un caso emblemático de este sistema se desarrolló en lo que hoy es Bucaramanga. Hasta ahora, se conocía que el fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón decretó la extinción del pueblo de Bucaramanga en el año 1778. Su orden fue clara: remitir los 34 indígenas que quedaban al pueblo de Guane y sacar las tierras de sus resguardos a pública almoneda, es decir, a subasta pública.
Pero, ¿cómo surgió esta drástica decisión? La génesis no fue una ocurrencia burocrática aislada. Desde abril de 1757, vecinos principales del real de minas de Bucaramanga ya estaban solicitando esta disposición. Entre ellos figuraban Manuel Uribe Salazar, Gregorio Puyana Ofarel, Miguel Cortés Forero, Tomás García Sierra, Lorenzo González del Busto y otros notables.
Su petición a la Real Audiencia era precisa: ajustar el orden jurisdiccional al orden social imperante. Para entonces, más de mil vecinos de Girón residían ya en el real de minas, cuyo centro albergaba un pueblo con menos de 50 indígenas. El "ajuste" que proponían implicaba dos acciones fundamentales:
- Erigir una nueva parroquia.
- Eliminar lo que consideraban la "ficción" de la "república de naturales", es decir, la entidad política indígena.
Un proceso lento y su desenlace final
Los futuros parroquianos solicitaron específicamente el traslado de los pocos indígenas al pueblo de Cácota de Suratá, lo que liberaría tierras consideradas realengas (pertenecientes a la corona). Sin embargo, los burócratas de la Audiencia no actuaron de inmediato. Pasaron 21 años desde la petición inicial hasta que, finalmente, el fiscal real intervino para "proveer el remedio de la justicia", dando curso a la solicitud.
El desenlace tuvo un giro inesperado: los indígenas se negaron a trasladarse a Cácota de Suratá. En su lugar, optaron por unirse a los guanes en las cercanías de Barichara. Con este movimiento, se allanó el camino para la creación de la parroquia de San Laureano y el remate de las tierras del resguardo entre los vecinos solicitantes.
De este modo, se impuso la realidad social demandada por los colonos. Los nuevos parroquianos quedaron así preparados para, décadas después, declararse villa en 1810 y separarse definitivamente del dominio de los gironeses. Este episodio ilustra cómo, en la colonia, las "buenas leyes" podían obtenerse porque emanaban de las peticiones concretas de los vasallos. Un sistema que, con la llegada de la república, cambiaría radicalmente al interponerse la mediación de una nueva clase política, con sus propias ignorancias y veleidades.
