Protestas nacionales por incremento de avalúos catastrales mantienen bloqueos en múltiples regiones
La Resolución 2057 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) ha desatado una ola de protestas en todo el país, con bloqueos que ya completan dos días en la vía que conecta a Lebrija con Barrancabermeja y que se han extendido a diez departamentos. Esta medida administrativa incrementó los avalúos catastrales en 527 municipios colombianos, generando un malestar generalizado entre campesinos y propietarios rurales.
Exigencias concretas y paro indefinido
Los manifestantes exigen la presencia inmediata del Gobierno Nacional y han advertido que el paro será indefinido hasta que se instale una mesa de negociación formal. Tatiana Muñoz, presidenta de la Veeduría Nacional de Catastro Multipropósito, confirmó que las movilizaciones abarcan Santander, Norte de Santander, Cesar, Casanare, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Quindío y Cundinamarca.
"No se va a dar paso intermitente. Va a ser un paro y vamos a durar lo que tengamos que durar", declaró Muñoz con firmeza desde los puntos de bloqueo.
Las demandas al Gobierno Nacional se concretan en cuatro puntos fundamentales:
- Revocar completamente la Resolución 2057 del IGAC
- Suspender los procesos de actualización catastral multipropósito durante un año
- Frenar los cobros coactivos, embargos e intereses moratorios derivados de los nuevos avalúos
- Radicar un proyecto de ley que obligue la visita predio a predio antes de fijar valores catastrales
El caso emblemático de don Manuel en Lebrija
Manuel, campesino citricultor de la vereda Puyana en Lebrija, representa el drama de miles de afectados. Su predio, que tenía un avalúo de 400 millones de pesos, fue incrementado a 2.000 millones de pesos por la resolución del IGAC. Como consecuencia directa, su impuesto predial saltó de 4 millones a 12 millones de pesos anuales.
"Estábamos pagando antes 4 millones de impuesto, ahora pasábamos a pagar 12 millones", relató don Manuel desde el bloqueo donde lleva dos días consecutivos. Familiares y vecinos de la misma vereda reportan situaciones similares, con predios que pasaron de 200 millones a valores entre 2.000 y 2.600 millones de pesos.
Para este campesino, la mesa de diálogo instalada el miércoles 8 de abril no ofreció soluciones reales. "Esa era una mesa de diálogo prácticamente para engañarnos, porque no había soluciones de fondo", afirmó con decepción. Su exigencia principal es la derogación del artículo 49 que sustenta los avalúos catastrales actuales.
Efecto dominó en múltiples aspectos de la vida económica
Muñoz explicó que el problema trasciende el simple pago del impuesto predial. El avalúo catastral sirve como base para calcular:
- El impuesto al patrimonio y la declaración de renta
- Los trámites notariales y registrales, donde se cobra el 5% del valor catastral
- El puntaje del Sisbén y el acceso a programas sociales
- Las tarifas de servicios públicos y subsidios de vivienda
La dirigente ilustró cómo los avalúos inflados hacen inviable incluso la venta de propiedades. "Si su propiedad queda en 4.000 millones, saca el 5% y eso es lo que le tienes que pagar a notario de registro. Y si tu propiedad realmente vale 200 millones, entonces vender una propiedad se vuelve imposible", explicó detalladamente.
Posición municipal y acciones legales
El alcalde de Lebrija radicó el 8 de abril una demanda contra la Resolución del IGAC. En reunión con manifestantes, insistió en deslindar responsabilidades municipales. "La resolución del IGAC no la firmó el alcalde", señaló, explicando que la competencia municipal se limita a la liquidación de tarifas, que por ley no puede superar el 50% del avalúo.
Reveló que en diciembre pasado presentó al Concejo una propuesta para reducir la tarifa del 50% al 15%, pero fue rechazada con 9 votos en contra y 4 a favor. Anunció que volverá a presentarla este año con vigencia para 2027. Como medida inmediata, se comprometió a ampliar el plazo de descuento por pronto pago entre dos y tres meses adicionales.
Denuncias de perfilamiento y tensión política
Muñoz denunció ante la Fiscalía al Viceministro de Diálogo por perfilamiento y estigmatización, alegando que los calificó como "grupo de ultraderecha y opositores". "Eso no son pronunciamientos que llamen a un diálogo", afirmó con preocupación.
Relató además episodios de persecución física durante sus recorridos por los puntos de bloqueo, incluyendo cambios de transporte, motos siguiéndola y personas tomándole fotografías sin autorización. Denunció que el Gobierno pretende instalar mesas con interlocutores propios y no con los voceros organizados del movimiento.
Hasta el cierre de este informe, no se había establecido fecha para una mesa nacional de diálogo, mientras nuevos puntos de bloqueo continuaban sumándose de forma espontánea en Santander. El movimiento mantiene firme su posición: no levantarán el paro hasta obtener respuestas concretas del Gobierno central.
