Sentencia de restitución de tierras en Meta desata crisis social y jurídica
Una decisión judicial de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá ha generado un profundo malestar social en el centro poblado La Cristalina, ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta. La sentencia ordena la restitución del predio rural La Cristalina, con una extensión de 999 hectáreas, a favor de una adulta mayor víctima del conflicto armado, lo que pone en riesgo de desalojo a más de tres mil habitantes que han construido sus vidas en este territorio durante las últimas dos décadas.
Orígenes del conflicto y desplazamiento forzado
El predio fue adjudicado legalmente a la mujer en 1996 mediante resolución del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), después de que ella y su compañero sentimental lo explotaran económicamente desde 1975. Sin embargo, en 1998, la propietaria fue desplazada violentamente debido a los enfrentamientos entre las Farc y grupos paramilitares que azotaban la región. Este desplazamiento forzado abrió las puertas para que terceros ocuparan progresivamente el terreno, estableciendo lo que hoy es un próspero centro poblado con una dinámica económica significativa.
Cristian Virgüez, presidente de la junta de acción comunal de La Cristalina, explica que muchas familias llevan viviendo en el predio entre quince y veinte años, habiendo desarrollado proyectos de vida completos en torno a esta comunidad. "Nosotros solicitamos informarle al magistrado que venga a conocer la vereda, porque él pensará que esto es un caserío de 50 o 100 casas y no sabe la dimensión de lo que genera la sentencia", afirmó Virgüez tras la socialización de la sentencia por parte de la Unidad de Restitución de Tierras.
Impacto social y económico de un posible desalojo
La posible ejecución de la sentencia afectaría directamente a cientos de familias campesinas, comerciantes y empresarios que han convertido a La Cristalina en uno de los principales centros poblados del municipio. Según datos proporcionados por la comunidad, en el lugar existen:
- Más de 386 viviendas construidas
- Una institución educativa con más de 700 niños matriculados
- Una sede del Bienestar Familiar con cuatro hogares que atienden a 53 niños
- Más de 150 adultos mayores residentes
- Una importante actividad comercial con hoteles, restaurantes, droguerías, panaderías, ferreterías y una estación de servicio
Además, numerosos ciudadanos participan en programas gubernamentales como Familias en su Tierra y Familias en Acción, lo que evidencia la consolidación social del asentamiento.
Ubicación estratégica y desarrollo económico
La Cristalina se encuentra en una zona de gran importancia económica para la región y el país. Cerca del predio está ubicado el campo Rubiales, el principal centro productor de petróleo de Colombia. También existen extensos cultivos de palma de aceite, producción ganadera y asentamientos de la comunidad menonita, reconocida por su capacidad productiva en estas tierras.
Esta ubicación estratégica ha permitido el desarrollo de una dinámica económica vibrante durante las dos últimas décadas, transformando lo que era un terreno rural en un centro poblado con servicios básicos, infraestructura comercial y tejido social consolidado.
Llamados urgentes a las autoridades
Los habitantes de La Cristalina han hecho un llamado urgente a las autoridades judiciales, departamentales y nacionales, solicitando la presencia del magistrado que emitió la sentencia para que conozca directamente la realidad del territorio. Nicolás Vigoya, otro ciudadano afectado, enfatizó la necesidad de evaluar las consecuencias sociales que traería la ejecución del fallo.
"Se deben evaluar las consecuencias sociales que traería la ejecución de la sentencia, teniendo en cuenta que La Cristalina es uno de los centros poblados con mayor población del municipio", afirmó Vigoya, quien también hizo un llamado a la Presidencia de la República para garantizar el respeto por los derechos de los campesinos.
Exigencias de diálogo y presencia institucional
La comunidad exige la presencia de representantes de la Alcaldía de Puerto Gaitán y de la Gobernación del Meta, señalando que, según lo establecido en la sentencia, estas autoridades forman parte de la mesa técnica que debe atender y dar respuesta a esta problemática social. Los habitantes sostienen que están en plena disposición al diálogo y piden que las decisiones se tomen con presencia institucional en el territorio, escuchando a quienes hoy defienden su permanencia y proyecto de vida en La Cristalina.
La incertidumbre se ha acrecentado con el anuncio de que en los próximos días la Inspección de Policía Rural empezará a notificar los desalojos, situación que ha generado profunda preocupación entre familias que no saben qué futuro les espera después de haber invertido años de trabajo y esperanza en este territorio.
