Antioquia presenta demanda ante Consejo de Estado por suspensión de órdenes de captura
En un movimiento que intensifica la confrontación entre el gobierno departamental de Antioquia y las autoridades nacionales, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció formalmente la interposición de una acción de nulidad ante el Consejo de Estado. Esta medida jurídica busca anular la resolución de la Fiscalía General de la Nación que suspendió las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.
Anuncio en Consejo de Seguridad Metropolitano
El anuncio se realizó durante un Consejo de Seguridad Metropolitano celebrado en Medellín el martes 31 de marzo, donde el mandatario departamental, respaldado por los alcaldes de Itagüí y Envigado, calificó la decisión de la Fiscal General Luz Adriana Camargo como un acto que pone en riesgo la seguridad ciudadana y la transparencia de la contienda electoral venidera. Rendón fue contundente al afirmar: "Es abiertamente ilegítimo, 2 meses antes de elecciones, pretender ejecutar una política pública fracasada como la de la paz total con personas YA sometidas a la justicia".
Comparación histórica y argumentos centrales
El gobernador antioqueño fue tajante al comparar la situación actual con uno de los episodios más polémicos de la historia colombiana, señalando que "Esta decisión es como si quisiera volver al conglomerado urbano más importante de Antioquia... en otro Caguán". Según Rendón, no existe una explicación lógica para que "se ordene la libertad de delincuentes" que han tejido las redes criminales más potentes del departamento durante años.
El argumento central de la Gobernación es que la resolución es "abiertamente ilegítima", especialmente porque se pretende aplicar bajo el marco de la "paz total" con individuos que ya han sido sometidos a la justicia y condenados por delitos graves. El mandatario cuestionó qué tipo de sometimiento se puede negociar con personas que ya purgan penas por extorsión, tortura y homicidio.
Detalles de la ofensiva jurídica
El mandatario departamental explicó que esta estrategia legal se materializará el próximo lunes de Pascua, una vez finalice la vacancia judicial. La acción de nulidad solicitará formalmente la suspensión de la resolución de la Fiscalía. Entre los puntos clave que sustentarán la demanda se encuentran:
- La falta de consulta con las autoridades territoriales antes de tomar decisiones que afectan la seguridad regional.
- El riesgo inminente para víctimas, testigos, fiscales y jueces que participaron en la judicialización de estos criminales.
- La interferencia en el proceso electoral de mayo de 2026, sugiriendo que la presencia de estos cabecillas en las calles podría coartar el derecho al voto libre en zonas donde sus estructuras tienen control.
Posición de autoridades locales
Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, expresó el sentimiento de impotencia que embarga a las administraciones locales. Para el burgomaestre, la medida es "frustrante" porque desmantela años de esfuerzos conjuntos entre la Policía, el Ejército y los cooperantes civiles. Torres enfatizó que la liberación de estos sujetos envía un mensaje equivocado a la fuerza pública y a la sociedad, debilitando la institucionalidad que tanto esfuerzo ha costado construir.
Aunque la Fiscalía aclaró que la Resolución no implica ni contempla la concesión de la libertad de quienes se encuentren privados de ella en centros penitenciarios, el gobernador Rendón insiste en que sí. "Es bastante claro que a siete bandidos ya en libertad les permiten trasegar por cualquier municipio del área metropolitana, por Rionegro y por Bogotá, y a los otros 16 en cualquier momento les van a permitir lo mismo", expresó Rendón.
Contexto de la medida
La suspensión de las órdenes de captura afecta a 23 cabecillas de la mesa de paz urbana, generando un intenso debate sobre los límites de las políticas de paz y su impacto en la seguridad regional. Este caso representa uno de los enfrentamientos más significativos entre autoridades departamentales y nacionales en materia de seguridad y justicia en los últimos años.
