El silencio en la sala de audiencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se sintió como un peso en los hombros de quienes, tras 21 años de búsqueda, aún esperan que las palabras de sus victimarios logren llenar los huecos que dejaron los fusiles y los machetes el 21 de febrero de 2005. Ese día, las veredas de Mulatos Medios y La Resbalosa, en el corazón de Apartadó, se convirtieron en el escenario de una de las masacres más atroces del conflicto colombiano: el asesinato de ocho personas, entre ellas tres niños, a manos de paramilitares en connivencia con miembros del Ejército Nacional.
Este jueves 23 de abril, la justicia transicional permitió un encuentro que durante décadas parecía imposible. Por un lado, estaba Nélida Guerra, hermana de Luis Eduardo Guerra —líder histórico de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó— y del pequeño Deiner Andrés Guerra. Por el otro, el reconocimiento de responsabilidad de Orlando Espinosa Beltrán, capitán de la Brigada XVII para la época de los hechos. Lo que ocurrió en ese estrado fue más que un trámite judicial; fue un choque entre la necesidad humana de saber "por qué" y la dificultad institucional de admitir el "cómo".
El vacío de la verdad insuficiente
Nélida Guerra, víctima representada por la Fundación Forjando Futuros, contó que para ella estos 20 años han sido de fuerza, pero también de una angustia que no cesa. Aunque el acto de reconocimiento es un paso, Nélida fue enfática en que la verdad entregada hasta ahora por los militares sigue siendo una verdad a medias, una verdad que no alcanza a consolar el alma.
"Tuvimos la oportunidad de sentarnos con ellos, de dialogar. Es muy duro escuchar sus palabras cuando uno vivió esa situación", relató Nélida con la voz cargada de una decepción contenida. Para las familias de San José de Apartadó, no basta con que un militar admita que "aceptó la redada" o que tuvo culpabilidad por omisión. Las víctimas buscan los detalles que la historia oficial intentó borrar: ¿Cuál era el plan exacto? ¿Qué dijeron los niños antes de morir? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Luis Eduardo en su momento de angustia?
La respuesta de los comparecientes, sin embargo, dejó una "incógnita" dolorosa. Al manifestar que, aunque aceptaron la operación, "no actuaron con sus propias manos", abrieron una brecha en el proceso de reparación. Para la mujer, el hecho de que no puedan —o no quieran— relatar el momento final de los menores de edad y de los padres de familia asesinados, impide que el ciclo del duelo se cierre.
"Ellos dicen que no tienen palabras para justificar cómo les quitaron la vida a menores de edad", afirmó, subrayando la contradicción de una operación que se planeó bajo la excusa de atacar a las Farc, pero que terminó ensañándose con civiles indefensos.
La vergüenza de la Brigada XVII
Desde el otro lado del estrado, las palabras del capitán Orlando Espinosa Beltrán intentaron buscar un camino hacia la redención, aunque él mismo reconoció que cualquier intento es "insuficiente". Su discurso no fue el de un estratega militar, sino el de un hombre que carga con el peso de la memoria y la deshonra institucional. "Vengo con la responsabilidad moral de reconocer hechos que jamás debieron ocurrir", inició su intervención, marcando un hito en el reconocimiento de la participación del Estado en esta masacre.
Espinosa habló de una "herida abierta en la conciencia colectiva del país". Su relato se centró en la traición a la confianza que la comunidad de San José de Apartadó había depositado en las instituciones. El capitán pidió perdón no solo por las acciones directas, sino por el silencio y las omisiones que permitieron que las veredas se tiñeran de sangre. Su mención a las "casas vacías" y los "abrazos que nunca volvieron a darse" intentó conectar con el dolor humano de las víctimas, un gesto que, si bien es valorado, choca con la crudeza de los hechos narrados por Nélida.
"Siento vergüenza, tristeza y una profunda responsabilidad", aseguró Espinosa, quien reconoció que la Comunidad de Paz había decidido caminar en neutralidad y fue castigada precisamente por esa decisión de no tomar partido en la guerra. Sin embargo, el perdón que ofrece el capitán se enfrenta al escrutinio de los magistrados de la JEP y de las víctimas, quienes exigen que este acto no sea un punto final, sino el inicio de una entrega total de información sobre los vínculos entre la Fuerza Pública y los bloques paramilitares en la zona de Urabá.
