En un operativo conjunto entre la Gobernación del Atlántico y la empresa Triple A, se lograron desmantelar seis conexiones clandestinas de gran diámetro que estaban afectando el suministro de agua potable para miles de familias en los municipios de Polonuevo y Baranoa. La intervención se realizó sobre la línea de conducción Achotera, en el tramo Sabanagrande-Polonuevo, donde técnicos habían detectado pérdidas críticas de presión y caudal que perjudicaban especialmente a barrios, pueblos y sectores altos de las cabeceras municipales.
Detalles del operativo
El operativo movilizó a cerca de 50 especialistas, entre cuadrillas técnicas, ingenieros, personal jurídico, Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Las labores permitieron ubicar y neutralizar seis acometidas ilegales, cinco de ellas de alto impacto, conectadas mediante tuberías de dos pulgadas en sectores asociados a proyectos urbanísticos y predios ubicados sobre la trocha Achotal. Entre los puntos intervenidos se encuentran el proyecto San Martín, Reserva Campestre Los Robles, Villa Ceci III, Villa Fátima y otros predios donde las autoridades detectaron conexiones irregulares que drenaban gran parte del recurso hídrico destinado a la red regional.
Declaraciones de las autoridades
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, aseguró que estas prácticas no solo representan un delito contra la infraestructura pública, sino también un atentado directo contra el derecho básico al agua potable de las comunidades más necesitadas. "Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un esfuerzo enorme para llevar agua potable a las zonas rurales y con tristeza vemos cómo los pueblos se quejan de problemas en el suministro porque hay personas tomando agua ilegalmente de nuestros ductos", afirmó el mandatario.
Por su parte, el gerente de Triple A, Ramón Hemer, explicó que las inspecciones se realizaron con equipos especializados capaces de detectar anomalías en la presión y pérdidas de caudal en tiempo real. Según Triple A, en esta zona se habían identificado pérdidas superiores a los 100 litros por segundo diarios, una situación que afectaba directamente la presión del servicio para las familias. Tras la intervención, las autoridades estiman que lograron recuperar un caudal cercano a los 30 litros por segundo, equivalentes a 78.000 metros cúbicos mensuales de agua potable. Este volumen representa un alivio importante para el sistema regional y podría fortalecer el suministro para cerca del 60 % de la población de Polonuevo. "Cada fraude detectado es agua que deja de llegar a una familia", señaló Hemer, quien defendió la necesidad de endurecer los controles frente a este tipo de prácticas.
El agua convertida en negocio ilegal
La secretaria departamental de Agua Potable, Lady Ospina, lanzó una de las declaraciones más fuertes durante el operativo al advertir que muchas de estas conexiones ilegales terminan alimentando urbanizaciones sin factibilidad legal de agua o negocios privados. "El agua potable es para la gente, no para urbanizaciones irregulares o negocios privados que la usan para llenar piscinas o regar cultivos a gran escala", sostuvo la funcionaria. Ospina pidió además que las autoridades judiciales avancen en capturas, sanciones económicas y hasta procesos de extinción de dominio contra quienes reincidan en estas prácticas. Desde la Gobernación también advirtieron que el robo de agua se ha convertido en uno de los factores que más golpea las finanzas y la estabilidad de los sistemas regionales de acueducto en el Atlántico, especialmente en zonas rurales donde históricamente el acceso al agua ha sido limitado.
Presión judicial contra reincidentes
El secretario del Interior del Atlántico, José Luque, confirmó que ya existen más de 70 denuncias penales ante la Fiscalía relacionadas con defraudación de fluidos y conexiones ilegales al sistema de agua potable. Las autoridades señalaron que varios de los implicados serían reincidentes y podrían enfrentar procesos judiciales más severos en caso de volver a conectarse ilegalmente a las redes. Mientras avanzan las investigaciones, el mensaje institucional apunta a mostrar que el agua dejó de verse únicamente como un servicio público y empezó a convertirse en un tema de seguridad social para el departamento.
