La Procuraduría General de la Nación requirió información oficial al rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, para conocer el estado actual de las piscinas de la institución, clausuradas desde marzo de este año tras denuncias por presuntas irregularidades sanitarias y administrativas advertidas por la comunidad universitaria y documentadas por medios locales.
Detalles del requerimiento
La solicitud fue realizada por la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, como parte de una actuación preventiva, mecanismo mediante el cual el Ministerio Público busca verificar posibles fallas en la gestión institucional y adoptar correctivos antes de que se configure una eventual responsabilidad disciplinaria.
En una comunicación enviada a la rectoría, el ente de control pidió detallar las condiciones en las que se encontraban las piscinas durante la visita de inspección de la Secretaría de Salud, autoridad que ordenó el cierre preventivo, así como los resultados de las muestras de laboratorio practicadas al agua y el registro fotográfico previo a la clausura.
Además, la Procuraduría solicitó las certificaciones o actas internas relacionadas con inspecciones, revisiones técnicas o labores de mantenimiento realizadas en estas instalaciones durante los últimos dos años, con el fin de establecer si existió seguimiento periódico y cumplimiento de la normativa vigente.
Gestión, personal y protocolos
En aras de sustentar la actuación preventiva, la Procuraduría pidió a la Universidad del Atlántico identificar al personal responsable del mantenimiento y manejo de las piscinas, junto con los soportes de capacitación y formación técnica de quienes tenían a su cargo estas labores.
Asimismo, se solicitó la entrega de los protocolos internos adoptados para el control de contingencias sanitarias, con énfasis en los procedimientos establecidos para prevenir riesgos a la salud de estudiantes, docentes y demás usuarios de las instalaciones.
Otro de los puntos centrales del requerimiento es conocer si, antes del cierre, se habían recibido quejas o reportes por afectaciones a la salud presuntamente asociadas al uso de las piscinas, y, en caso de existir, qué acciones fueron implementadas por la institución para atenderlas.
Medidas posteriores al cierre
La Procuraduría también pidió informar qué medidas de protección fueron adoptadas por la Universidad del Atlántico antes y después de la clausura, con el objetivo de evitar la exposición de la comunidad universitaria a posibles riesgos sanitarios.
En el mismo documento, el ente de control solicitó la copia del plan de mejoramiento exigido por la autoridad sanitaria, así como un informe detallado sobre el estado actual de su cumplimiento, elemento clave para determinar si las condiciones que motivaron el cierre han sido corregidas o si persisten deficiencias.
La institución educativa tiene un plazo de cinco días para responder de manera formal y documentada a todos los puntos requeridos.
Contexto de la clausura
Las piscinas, ubicadas en la sede norte de la Universidad del Atlántico, fueron clausuradas por la Secretaría de Salud del municipio de Puerto Colombia tras una visita de inspección realizada en marzo, luego de denuncias internas sobre presuntas condiciones de insalubridad.
Según lo informado entonces por la autoridad sanitaria, durante la evaluación se identificaron falencias en la calidad del agua, incumplimientos documentales y deficiencias en infraestructura, lo que llevó a la imposición de un cierre preventivo total, acompañado de un plan de mejoramiento como condición para una eventual reapertura.
Funcionarios de salud señalaron en su momento que la decisión no dependió exclusivamente de los análisis de laboratorio, sino también de la verificación directa de condiciones que no cumplían con los estándares exigidos para el uso público de piscinas.
El alcance real de una actuación preventiva
Desde la Procuraduría se precisó que la solicitud de información no equivale, por ahora, a la apertura de una investigación disciplinaria, sino a una acción preventiva orientada a garantizar la protección de la comunidad universitaria y el cumplimiento de las obligaciones administrativas de la institución.
Con este requerimiento, el Ministerio Público busca establecer si existieron fallas en la supervisión, mantenimiento o control interno, y si la Universidad del Atlántico adoptó de manera oportuna las medidas necesarias para prevenir riesgos sanitarios.
La actuación seguirá su curso una vez se conozca la respuesta oficial de la rectoría y se evalúe el soporte técnico y documental entregado.
