Desde 2011, el predio ubicado en el barrio El Remanso I, en Bosa, ha sido reclamado por la empresa de transporte público Sotrandes. Ahora, 483 personas de esta comunidad siguen en riesgo de perder sus viviendas. El Espectador conoció el auto de la Inspección Distrital 7A de Convivencia y Paz que fijó una nueva fecha para el desalojo: el próximo 14 de julio a las 8:00 a. m.
Para esa fecha, el inspector Julian Jiménez designó a la Personería de Bogotá como garante de los derechos fundamentales de las familias, con el objetivo de prevenir y mitigar la posible afectación a la vivienda digna, la dignidad humana, el mínimo vital, la unidad familiar y la igualdad material. Esta decisión se conoció después de que el pasado 6 de mayo se suspendiera el operativo gracias a una acción de tutela interpuesta por la Personería para amparar a las personas de especial protección.
En ese recurso, además, se solicitó al Juzgado 50 Penal Municipal emitir una nueva decisión, considerando que el lugar no es una ocupación marginal, sino un asentamiento consolidado por hogares en condiciones de vulnerabilidad. "El cumplimiento de una orden judicial no puede ejecutarse de manera que produzca una afectación desproporcionada de derechos fundamentales", destacó el Ministerio Público.
Un barrio construido en medio del limbo jurídico
El Remanso I se ha convertido con los años en uno de los casos más complejos de ocupación informal en Bogotá. Allí viven cerca de 483 personas, entre ellas 173 menores de edad y 50 adultos mayores. Muchas familias aseguran haber comprado sus viviendas de buena fe hace más de una década, pagando servicios públicos, impuestos y créditos, sin saber que el terreno tenía un litigio por ocupación.
Ese es el caso de Mery Escobar, quien hace 16 años compró un lote pensando que finalmente tendría casa propia. "Hasta aguantar hambre nos tocó para no atrasarnos. Y mire, 16 años después y no tengo mis escrituras", contó anteriormente a El Espectador. El predio pertenece a la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. (Sotrandes), empresa que desde 2011 mantiene una disputa jurídica por la restitución del terreno. Sin embargo, los habitantes y sus abogados sostienen que muchas de las familias fueron víctimas de ventas irregulares y que hoy enfrentan el riesgo de perder las viviendas que construyeron durante años.
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