Bogotá enfrenta debate jurídico por proyecto de 'Ruta por la Vida' para mujeres gestantes
Las advertencias jurídicas emitidas por la Secretaría Distrital de Salud sobre el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, denominado "Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer", han generado nuevas reacciones y tensiones institucionales en la capital colombiana. Mientras la Secretaría de la Mujer reafirmó su concepto de no viabilidad frente a esta iniciativa, la concejala Clara Lucía Sandoval, autora del proyecto, defendió su constitucionalidad y negó categóricamente que cree barreras al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Advertencias desde la Secretaría de Salud sobre competencias
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió con firmeza que el proyecto excede claramente las competencias del Concejo Distrital al intentar definir rutas de atención en salud. Según explicó detalladamente, esta función corresponde exclusivamente, según la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional establecida, al Gobierno Nacional y al Ministerio de Salud y Protección Social. Bermont recordó enfáticamente que las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) son instrumentos técnicos de obligatorio cumplimiento definidos a nivel nacional y que el Distrito Capital ya aplica rigurosamente los lineamientos establecidos en las resoluciones 3280 de 2018 y 051 de 2023.
Postura firme de la Secretaría de la Mujer
Tras la posición manifestada por Salud, la Secretaría Distrital de la Mujer reiteró públicamente que durante el trámite del proyecto emitió un concepto formal de no viabilidad, al considerar que varias de sus disposiciones presentan problemas graves de constitucionalidad. En particular, señaló con precisión que el uso de la expresión "alternativas a la IVE" no es consistente con el estándar fijado por la Corte Constitucional, la cual ha reconocido explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo como parte integral del derecho fundamental a la salud plena, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad.
La entidad advirtió además que todas las actuaciones institucionales deben garantizar información integral, objetiva y completamente libre de sesgos, sin interferencias indebidas en las decisiones reproductivas de las mujeres. Asimismo, recordó con contundencia que la competencia para definir política pública y reglamentación en materia de IVE es exclusiva del Gobierno Nacional y del Congreso de la República, por lo que insistió en que el Distrito ya cuenta con orientaciones claras y específicas para la implementación territorial de la Ruta Materno Perinatal, conforme a las directrices establecidas por el Ministerio de Salud.
Defensa de la concejala autora del proyecto
Por su parte, la concejala Clara Lucía Sandoval respondió directamente a todos los cuestionamientos asegurando que el proyecto no crea ni modifica una Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS), ni regula actos médicos o procedimientos clínicos de ningún tipo. Según explicó detalladamente, la "Ruta por la Vida" se limita estrictamente a acciones de acompañamiento psicosocial, orientación especializada y articulación intersectorial, materias que considera propias de la política pública social distrital.
Desde el punto de vista jurídico, Sandoval sostuvo con firmeza que la iniciativa se ajusta plenamente a la Sentencia C-055 de 2022 y que no establece valoraciones obligatorias ni requisitos adicionales para acceder a la IVE. Afirmó categóricamente que informar sobre alternativas y brindar acompañamiento no constituye una restricción de derechos, sino una garantía fundamental del consentimiento informado y de la autonomía plena de las mujeres.
También defendió vigorosamente que el uso del término "Ruta" tiene un carácter meramente programático y organizativo, argumentando que la naturaleza jurídica de una norma no se determina por su denominación sino por su contenido material sustancial. En ese sentido preciso, indicó que cualquier inquietud sobre la interpretación del nombre podría aclararse adecuadamente en la reglamentación posterior, sin afectar la validez constitucional del acuerdo propuesto.
Decisión pendiente del alcalde Carlos Fernando Galán
Con estas posiciones encontradas sobre la mesa, el debate jurídico y político en torno al proyecto se intensifica significativamente en Bogotá. La decisión final queda ahora en manos del alcalde Carlos Fernando Galán, quien deberá definir cuidadosamente si sanciona u objeta el acuerdo distrital. Su determinación tendrá implicaciones profundas en un contexto donde la garantía del acceso a la IVE, la autonomía reproductiva y la distribución precisa de competencias entre Nación y Distrito siguen siendo eje central de discusión pública en la ciudad capital.
El desenlace de este proceso marcará un precedente importante para la política de salud reproductiva en Bogotá, en momentos donde los derechos de las mujeres y las competencias institucionales requieren claridad y coherencia normativa. La ciudad observa atentamente mientras las instituciones distritales y nacionales definen los límites de sus actuaciones en materia tan sensible como la salud sexual y reproductiva de las bogotanas.
